Foto: Ilustración: Vito
Las cárceles colombianas están sobrepobladas pero llenas de ausencias. Faltan camas, faltan guardias, faltan defensores públicos y aunque en los últimos años desde diversos sectores del Estado y del sector privado se han tratado de resolver estos y otros temas como la escasez de tratamiento diferencial a poblaciones vulnerables aún no hay soluciones definitivas.
Por El Espectador
Los centros de reclusión tienen hacinamiento general del 19 % y en algunos casos, como en el de las Unidades de Reacción Inmediata, URI, pueden superar el 400 %; además, según el director del Inpec Tito Castellanos, se necesitan tres mil guardias más y en 2017 había 9.6 defensores públicos por cada cien mil habitantes. La cifra se redujo a 7.8 en 2021 y Richard Granada, vocero del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, denunció que solo en ese departamento cada defensor llevaba hasta 180 procesos.
A marzo de 2022 en Colombia había 97.080 presos en las cárceles, de los cuales, 2859 eran extranjeros y 2398 de Venezuela.
La precariedad de un sistema judicial que apenas sobrevive, que cada tanto vuelve a ser tema en la opinión pública por escándalos de corrupción, fugas y denuncias debido a la indignidad del hacinamiento, deja en el medio a los privados de la libertad, tanto colombianos como extranjeros, pero estos últimos cargan con el desconocimiento del sistema penal, la falta de una red de apoyo familiar y, si son venezolanos, convivir con la xenofobia, lo que dificulta las garantías de su proceso judicial y las condiciones del presidio.
Mínimos que no se cumplen
“Si son migrantes y hacen parte de la población privada de la libertad, tienen las mismas garantías que los nacionales. No son ciudadanos de segunda categoría por el hecho de ser migrantes”, afirma Norberto Hernández Jiménez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y conjuez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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