Este lunes 9 de mayo varias Organizaciones No Gubernamentales consignaron junto a la sociedad civil una denuncia ante la Defensoría del Pueblo para exigir a Corpoelec atención inmediata, ante los continuos y prolongados racionamientos eléctricos que mantienen en zozobra a la comunidad merideña.
Jesús Quintero // Corresponsalía lapatilla.com
El abogado Iván Toro, miembro del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, señaló que en el documento consignado ante el organismo se deja constancia sobre las severas limitaciones y el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos que pasan muchas horas sin servicio eléctrico, afectando además los horarios laborales.
En la entidad andina la situación de los servicios públicos ha empeorado en los últimos meses, sobre todo en el suministro de servicio eléctrico, ya que los frecuentes apagones y la falta de respuesta por parte de Corpoelec representa una violación a los derechos humanos.