La comunicadora y periodista Francisca Sandoval, que recibió unos disparos desde un grupo de radicales mientras informaba sobre una manifestación con motivo del 1 de mayo en un barrio del centro de Santiago de Chile, murió este jueves tras 12 días luchando por su vida en el hospital, informaron a Efe fuentes médicas.
Sandoval recibió un disparo en la cabeza durante los disturbios generados en el barrio de Meiggs por grupos violentos, al parecer vinculados a las mafias que actúan en la zona y que se aprovechan tanto de la venta ambulante como de la explotación de migrantes, cuando informaba para el medio local Canal 3 La Victoria.
Días después, efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron al presunto autor del disparo, identificado como Marcelo Naranjo, que permanece en prisión preventiva y que podría ser acusado de homicidio doloso.
El incidente armado creó una gran conmoción en Chile hasta el punto de que el Gobierno condenó el acto y el presidente de la República, Gabriel Boric, se desplazó días atrás al centro hospitalario de la Ex Posta Central para interesarse por el estado de la periodista, de 31 años, y confortar a sus amigos y familiares.
Desde distintos foros en el interior de Chile se exige a las fuerzas de Seguridad, en particular al cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) que incrementen su combate con las distintas bandas de crimen organizado que se han asentado en el país, dedicadas a todo tipo de tráfico ilegal, desde armas hasta drogas y personas.
Una incremento de su actividad delictiva que ha espoleado los delitos y extendido una sensación de mayor inseguridad.
Primera periodista asesinada en democracia
La muerte de este jueves de Francisca Sandoval es la primera en Chile de un periodista en el ejercicio de su trabajo desde que en 1990 acabó la dictadura y retornó la democracia.
Consultado por Efe, el Colegio de Periodistas chileno aseguró que no tiene “registro de otro caso así, al menos no en democracia”.
UNA TREINTENA DE ASESINATOS EN DICTADURA
Existen numerosos casos de muerte o desaparición de periodistas chilenos en ejercicio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que en 17 años dejó 3.200 asesinados y al menos 1.192 detenidos desaparecidos, pero ninguno constatado en los más de 30 años siguientes de democracia.
Según el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Expresión y de Prensa (Oilep), fueron un total de 37 periodistas los asesinados durante el régimen militar, incluyendo varios estudiantes.
Todavía se investiga también la muerte de Jonathan Moyle, un editor británico que fue hallado muerto apenas días de instalada la democracia en una habitación de hotel en Santiago, a donde viajó para asistir a la Feria Internacional del Aire y del Espacio.
Durante el estallido social de 2019, una ola de masivas protestas por la igualdad nunca vista en democracia, se reportaron 138 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, 90 de los cuales fueron agresiones a periodistas con armamento antidisturbios, según un informe de la Universidad de Chile.
Ese mismo año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió la investigación de la muerte de la fotógrafa independiente Albertina Martínez, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio en Santiago de Chile, pero la sentencia publicada este jueves indica que el asesinato fue motivado por un robo.
La RSF asegura que “aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución (…) no siempre se respeta en la práctica” y “las agresiones a periodistas se multiplican”, lo que hizo caer a Chile del puesto 54 al 82 en el ránking de libertad de prensa este año.
América Latina fue el escenario del asesinato de una decena de periodistas en 2021, ocho de ellos en México, según la Federación Internacional de Periodistas, una lacra de la que hasta hoy Chile estaba a salvo.
CONDENA TRASVERSAL
“La violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán”, dijo el mandatario Boric al respecto.
También lamentó su muerte la oficina de Amnistía Internacional en Chile, que a través de un comunicado enfatizó que el Estado tiene el deber de garantizar la protección de “los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública”.
“La labor de los periodistas es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos. A la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública”, dijo Rodrigo Bustos, director de AI Chile.
Con información de EFE