La ONG Defiende Venezuela visitó la población de Altagracia de Orituco, Estado Guárico, con la finalidad de atender las denuncias de violaciones de derechos humanos, alertada por los pobladores; todas en el contexto del operativo policial denominado “Operación Trueno”, la cual inició el 20 de abril y se ha extendido hasta la fecha.
Dentro de esta operación se han reportado allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, extorsiones y represión perpetrados por la Policía Nacional Bolivariana y el CONAS en el estado Guárico.
La información difundida por las autoridades indica que el objetivo de la operación es dar con el paradero de los autores de extorsión y otros hechos delictivos, así como con los colaboradores o cómplices de la banda criminal autodenominada “El Tren del Llano”. Sin embargo, la ONG hace saber que esto se ha utilizado como justificativo para atacar indiscriminadamente a los ciudadanos gracitanos.
Uno de los abogados de Defiende Venezuela en su visita a Altagracia expone: “Logramos identificar que siguen los allanamientos ilegales a las residencias y comercios, se han atentado contra vidas, existe un sometimiento de los ciudadanos con detenciones arbitrarias, se han dado confiscaciones ilegales, robos de bienes, violencia de género y, por último, actos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Asimismo, el equipo de documentación deja saber que las víctimas han señalado que los cuerpos de seguridad responsables del operativo son la Dirección Contra Delincuencia Organizada (DCDO – PNB), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP – PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS – GNB). A pesar de ello, los testigos indican que estos funcionarios se identificaban como las FAES, al momento de ingresar a las viviendas.
Defiende Venezuela entrevistó a quince (15) núcleos familiares compuestos por madres, esposas, hijos, hermanos y sobrinos, y a más de veinticuatro (24) víctimas indirectas, incluyendo gremios de productores y comerciantes, también recopiló evidencia que soporta las declaraciones de éstos.
La mayoría de los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Caracas para ser presentados ante los tribunales con competencia especial en terrorismo. A estos sujetos no se les permitió la representación jurídica de un abogado de confianza. Adicionalmente, señalan que fueron incriminados, mediante “la siembra” de evidencia en sus expedientes judiciales.
En algunos casos se evidenció también la desaparición forzada de personas. Defiende Venezuela pudo constatar que autoridades policiales anunciaban en redes sociales la aprehensión de esos sujetos, pero no suministran información a sus familiares sobre el centro de reclusión donde se encuentran detenidos.
Se pudo constatar que las fuerzas del Estado, en algunas oportunidades, utilizaron las viviendas de las personas como centro de operaciones, pernoctando y organizando celebraciones, hasta altas horas de la noche. Señalaron que los funcionarios no contaban con una orden judicial de confiscación acordada por un tribunal, tampoco se evidenció la presencia de un representante del Ministerio Público en los allanamientos.
En esos lugares, las víctimas señalan que sus casas fueron saqueadas.
A pesar de que se trata de un operativo policial para desarticular una banda organizada y brindar seguridad a los gracitanos, los habitantes declaran tener miedo y terror por la acción indiscriminada de estos funcionarios. Consideran que no existe una planificación en seguridad ciudadana o control judicial, en las actuaciones desplegadas en ese territorio.
Desde Defiende Venezuela continuaremos monitoreando y documentando la situación de Altagracia de Orituco, alertando y denunciado los hechos de violación de derechos humanos ante los organismos internacionales de protección, con la intención que cese el hostigamiento contra los gracitanos y se respete las garantías judiciales de los detenidos.
Nota de prensa