Ciudadanos europeos “víctimas” de invasiones de sus propiedades en Caracas durante los últimos años pidieron este viernes ante la sede de la delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela que el bloque comunitario atienda sus casos y que les brinde asistencia jurídica.
Orencio Mariñas, español de 82 años, exigió a la UE que le “preste atención” a su caso, que, según explicó, se trata de una invasión del edificio, en el oeste de la ciudad, donde tenía su empresa de confección de bolsos, ocurrida el 6 de mayo de 2020 por un grupo armado.
“Llegaron en la noche un grupo de 20 personas armadas, amenazaron con armas a la conserje, tomaron el edificio y entraron a todas las empresas. Había cuatro empresas productoras con 135 puestos de trabajo (que) se perdieron, y pusieron a cuatro propietarios a pasar hambre”, expresó Mariñas, quien dijo que el edificio sigue invadido.
El hoy octogenario llegó a Venezuela “a los 17 años limpio, sin un centavo” y se irá -aseguró- “a los 82 años otra vez” a su “patria España limpio y sin un centavo”.
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, quien indicó que en 2021 “se dieron 93 intentos de invasión”, aseguró que más del 25 % de las “víctimas” de estas invasiones, “perpetradas por grupos armados y, en muchos casos, apoyados por el Gobierno de Nicolás Maduro”, son europeos.
“Podemos ver cómo españoles, portugueses, italianos, su nacionalidad se convierte en un motivo xenofóbico para invadirles sus propiedades. Por eso, la Unión Europea, primero, le pedimos que investigue y se entreviste con estos pequeños casos, que la gran mayoría son decenas, por no decir centenares, de víctimas de violaciones a la propiedad privada”, expresó Rojas.
Solicitó también a la UE que “les brinde asistencia jurídica”, lo que también pedirán a las embajadas de España, Portugal e Italia.
Por su parte, Antonio dos Santos, portugués de 62 años, relató que, en 2020, colectivos (grupos de civiles frecuentemente armados que actúan con violencia) le dijeron que tenía 15 días para sacar sus cosas de su casa y que, además, tampoco lo dejan entrar a su restaurante.
“Fui a la Fiscalía, fui a la Defensoría del Pueblo, a la (antigua) PTJ (hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), y me han dejado así. Eso fue en el 2020. No tengo trabajo después de 20 años. (…) No tengo nada”.
EFE