Entre el 28 de mayo y el mes de junio de 2021 fueron detenidos y luego procesados varios opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Familiares exigen poder hacer visitas regulares, proveerles alimentos y otras demandas. Al tiempo claman por medidas para que sean liberados.
Por vozdeamerica.com
Un grupo de presos por razones políticas en Nicaragua, que permanecen en la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Chipote”, cumplieron el primer año de detención sin esperanzas de algún tipo de negociación o medida que lleve a la liberación.
Las ola de detenciones comenzó el 28 de mayo de 2021 y se extendió hasta junio del mismo año. En este grupo están siete aspirantes a la presidencia que fueron detenidos previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en la que el presidente Daniel Ortega se impuso para un nuevo mandato.
También permanecen en prisión los exempleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez.
Según la Ley del Régimen Penitenciario de Nicaragua las autoridades de las cárceles deberían procurar establecer visitas para familiares de estos cada ocho días.
Sin embargo, durante el primer año tras las rejas, los detenidos han podido recibir visitas familiares unas ocho veces y han podido constatar las condiciones de “aislamientos y torturas” en las que se encuentran, según manifestaron algunos de ellos durante una reciente conferencia de prensa vía Skype.
Los familiares dijeron que la más reciente visita que pudieron hacer se produjo entre el 10 y 12 de junio.
Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, solicitó a las autoridades el martes durante la conferencia “cesara el aislamiento en el que muchos han permanecido por un año”. Además pidió que se les permitiera salir al “patio de forma regular” para recibir luz solar.
También pidieron que a sus familiares se les permita recibir cada semana paquetes de alimentos que complete una dieta adecuada e incluya “vitaminas necesarias”. Muchos de los familiares de los prisioneros sostienen que ellos han recibido mala alimentación que los ha hecho perder bastante peso corporal.
Cárdenas, a quien la justicia nicaragüense giró orden de captura en su contra por el supuesto delito de “tradición a la patria”, también pidió que las visitas se regularicen cada quince días, y no se prolonguen tanto tiempo.
Finalmente dijo que esperaba que quienes tienen familiares en el exterior puedan comunicarse vía telefónica con ellos.
Sobre el líder campesino y también aspirante presidencial, Medardo Mairena, sus familiares comentaron que este se mantiene en “condiciones inhumanas” y en una celda de castigo, con poca circulación de aire y con poco acceso al sol.
“Lo tuvieron en castigo por cuatro días a oscuras. Sigue padeciendo de alergias en su cuerpo y con problemas de circulación sanguínea”, indicó su familia.
Mairena era uno de los aspirantes que gozaba de alta popularidad en las encuestas de 2021 y fue recapturado por segunda ocasión. Su primera detención se dio tras las protestas del año 2018.
Sin posibilidad cercana de una negociación
La demanda de los familiares de los presos políticos ocurre en momentos en que no existen signos de una posible negociación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición con el fin de que estos sean liberados.
Hasta ahora lo único alcanzado ha sido el cambio a medidas cautelares, lo que significa que el gobierno ha cambiado el régimen carcelario de un pequeño grupo de ellos, que ahora cumplen las sentencias bajo “arresto domiciliar”.
Los beneficiados con el cambio de medidas son generalmente personas de la tercera edad, como el jurista José Pallais y el precandidato presidencial y exembajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz. También pasó a arresto domiciliar el opositor Pedro Joaquín Chamorro, uno de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
“Después de esta (octava) visita comprobamos que sus vidas siguen estando en riesgo, por lo que insistimos en nuestro llamado urgente al pueblo de Nicaragua, la comunidad internacional y al Estado de Nicaragua, a promover todas las acciones posibles para lograr la libertad inmediata, incondicional y con garantías para las más de 182 personas presas políticas”, remarcaron los familiares de los opositores.
Además pidieron que las vidas e integridad física y emocional de estos debe ser resguardada. “La política de torturas y exterminio debe cesar”, concluyeron.
Estados Unidos que se ha mostrado abierto a una negociación con la administración de Ortega, ha demandado en conjunto con la comunidad internacional la liberación de los prisioneros políticos en Managua y ha impuesto sanciones contra jueces y magistrados con el fin de presionar a la administración sandinista.
La medida más reciente de Washington fue este 13 de junio al restringir el visado de casi un centenar de funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
“Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes”, indica el comunicado del Departamento de Estado.
El oficialismo no reaccionó de inmediato a las medidas, no obstante con anterioridad Ortega ha dicho que no existen presos políticos en el país y que supuestamente quienes están detenidos han sido porque han intentado perpetrar un presunto golpe de Estado contra su administración, que lleva más de 15 años en el poder.