“Lo de Venezuela es político, no técnico. Y no había ninguna razón humanitaria para permitir el aterrizaje”, señalaron fuentes del gobierno de Luis Lacalle Pou ayer a la noche a El País, luego de que la Cancillería de Nicolás Maduro emitiera un comunicado condenando la actitud de Uruguay de no permitir el pasado 8 de junio el aterrizaje de un avión de esa nacionalidad con carga venezolano-iraní, el que luego debió ir hacia Argentina, donde fue retenido por las autoridades aeronáuticas de ese país.
En el documento, que el régimen venezolano hizo público, se “rechaza categóricamente el irresponsable manejo que ofreció la autoridad aeronáutica del Uruguay, al revocar el permiso de sobrevuelo otorgado a la empresa venezolana Emtrasur, mientras que la aeronave se encontraba en el aire (…) para hacer una escala técnica de abastecimiento”.
La tripulación, prosigue el escrito, “se vio obligada a retornar inmediatamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, no contando con el combustible reglamentario, poniendo en grave riesgo la vida de la tripulación”. Además, el régimen de Maduro asegura que, una vez aterrizada en Argentina, la aeronave contaba con 17.000 litros de combustible, “muy por debajo de lo recomendado por el Procedimiento Operacional estandarizado de Emtrasur, el cual está establecido en 20.000 litros”.
Las fuentes del gobierno uruguayo, sin embargo, advirtieron que con ese combustible la aeronave podía volar, “perfectamente”, durante una hora más. Además, señalaron que, cuando se autoriza el despegue de un avión, “esto se hace en virtud de que tenga el combustible suficiente para llegar a destino”. Y no solo eso: “también se debe fijar un aeropuerto alterno, al que debe tener combustible no solo para llegar, sino también para volar durante 45 minutos más”.
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