Detenidos, exreclusos y profesionales del derecho explican que ante la falta de normas y reglamentos estos procedimientos, por lo general, terminan siendo una demostración de poder por parte de los jefes de guardia.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, en Venezuela la violencia que se ejerce en contra de los privados y privadas de libertad es pluridimensional.
El propio sistema de justicia penal somete a los y las detenidas a diversos maltratos, entre ellos, el retardo procesal, el hacinamiento y a cobros indebidos. Por lo general a quienes cometen un delito penal se les encierra lugares inadecuados, con de infraestructuras destruidas donde no hay agua potable, luz natural y mucho menos atención médica adecuada.
Para ejercer el control, por lo general, el personal penitenciario y de custodios policiales y militares, también cometen actos de violencia: doblegan a los detenidos con tratos crueles, inhumanos y degradantes y vejan y extorsionan a los familiares de los privados de libertad.
No obstante, los mismos internos e internas se maltratan entre sí: El “Pranato” obliga a otros al pago de la llamada “Causa” o reducen a muchos de sus compañeros de celda a la condición de esclavitud.
La requisa, proceso que lleva a cabo o desarrolla una autoridad para inspeccionar cierto lugar o revisar las pertenencias de una persona y así precisar la presencia de determinados objetos, cuya posesión no se encuentra permitida, no escapa de este espiral de violencia, por el contrario, forma parte del sistema penitenciario venezolano.
Al compartir su experiencia con la organización, Ligia Pérez Córdova, abogada, defensora de los derechos humanos y exreclusa, aseguró que la requisa es un procedimiento que viola todos los derechos humanos de los y las detenidas.
“De acuerdo a mi experiencia, es la misma Guardia Nacional la que pasa todo, ellos pasan los teléfonos y es por eso que ellos saben quién los tiene, luego se los decomisan y nunca los devuelven. Esos procedimientos son terribles”, dijo.
Una Ventana a la Libertad también consiguió el testimonio de un detenido que se encuentra en un retén policial del interior del país y explicó que cuando se realizan estos procedimientos todos son desnudados y llevados a un patio ubicado a pocos metros de las celdas.
“Rompen los aires acondicionados, lo rompen todo, la idea es saber si hay armamentos”, relató el detenido.
Ni leyes ni reglamentos
En Venezuela no existen leyes ni Reglamentos que normen las requisas, por lo tanto, la medida queda a total discreción del jefe de guardia.
Por el contrario, un extenso marco legal internacional establece los protocolos que deben cumplirse para llevar a cabo las requisas tanto a los detenidos como a sus familiares: Las llamadas Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, entre otras normas, establecen que la medida debe realizarse resguardando la dignidad humana de los detenidos, detenidas y sus familiares.
Al consultar a varias personas que han estado detenidas por años éstas indicaron que ante la ausencia de normas la requisa, por lo general, es una forma de demostrar fuerza y poder.
De acuerdo a los testimonios obtenidos, cuando las autoridades consiguen algún objeto prohibido, como afeitadoras, armas blancas, licor o drogas la violencia se incrementa: suspenden las visitas, los traslados a tribunales y someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes a los y las detenidas.
En Febrero 2022 Una Ventana a la Libertad realizó una investigación sobre este tema en 8 estados del país y la reflejó en el Boletín No. 31 denominado “Seguridad versus Vejación”.
En el estudio se determinó que todos estos procedimientos tienen la finalidad de detectar y decomisar objetos y sustancias de tenencia prohibida, pero se hacen de manera ilícita, en horas de la madrugada, sin presencia de un fiscal del Ministerio Publico y con procedimientos muy violentos.
Seguridad versus vejación
La seguridad y el orden no pueden ser utilizados como excusa para la arbitrariedad, la estigmatización, la humillación, el castigo y hasta la tortura.
La abogada Lyli López, activista de los derechos humanos considera que se debe crear una ley de procedimientos para evitar que se sigan violando los derechos humanos de los y las detenidas y sus familiares.
Agregó que en caso de desórdenes internos se deben activas protocolos de asistencia a fin de enfrentar una situación irregular sin tener que violentar la condición humana de los detenidos.
López estima que, para garantizar los derechos humanos de los y las privadas de libertad, el sistema penitenciario venezolano debe, entre otras cosas, apegarse estrictamente a lo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente, en los artículos 184, numeral 7, y 272.
La abogada, Lyli López es la representante legal de los familiares de los 67 detenidos y 2 mujeres que el 28 de marzo de 2018 murieron calcinados en el interior de los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo.
“Se trata del caso conocido como la Tragedia Navas Spínola”, precisó.
El caso de la auyama
Con frecuencia algunos familiares de los detenidos intentan pasar objetos o sustancias prohibidas a los calabozos policiales y a las cárceles venezolanas.
Por ejemplo, en marzo 2022, una joven de 25 años de edad que responde al nombre de Yamilet Rivas, aceptó un encargo de su hermano que se encuentra detenido en un centro de detención preventiva del estado Monagas: pasar droga escondida en una cajetilla de cigarro que a su vez iba dentro de una auyama.
Al ser descubierta Yamilet fue detenida de inmediato y el Tribunal Segundo de Control del estado Monagas consideró que había suficientes elementos para privarla de libertad.
La joven fue detenida con una orden de traslado hasta el anexo femenino del Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como la Cárcel de La Pica.
Una Ventana a la Libertad también ha documentado estos hechos y lamenta que sean precisamente las mujeres, en su condición de madres, esposas o hermanas, quienes incurren en este tipo de irregularidades.
La organización conversó con algunos familiares de los reclusos y todos reconocieron que son sometidos a tratos humillantes y a extorsiones al momento de la visita o al momento de dejar los alimentos, agua y medicina que requieren sus familiares privados de libertad.
Tras realizar esta nueva investigación la organización presenta un nuevo material realizado por la Unidad Audiovisual: