El Parlamento español dio este jueves el sí definitivo a la llamada ley de igualdad de trato, cuyo objetivo es combatir todas las formas de discriminación, y en ella se contemplan sanciones que puede ascender a los 500.000 euros (unos 523.000 dólares).
La norma, implusada por el grupo socialista, asegura que “no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen”, de forma que desarrolla el artículo 14 de la Constitución, que trata de la igualdad, e incorpora la jurisprudencia constitucional que hay al respecto.
La nueva ley establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Además, recoge medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, sanitaria, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo y determina que en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la ley.
Refuerza asimismo la lucha contra la segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad y dictamina que las web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la igualdad y la no discriminación en su acceso, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
Y para hacer efectiva la norma, establece una serie de snaciones para los infractores que van de los 300 euros (unos 314 dólares), hasta el medio millón para los casos más graves.
“Discriminar ya no saldrá gratis”, celebró la diputada socialista Beatriz Carrillo, quien tuvo palabras de agradecimiento para el fallecido Pedro Zerolo, diputado socialista, activista del movimiento LGTBI e impulsor de la ley.
EFE.