Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), principal convocante a las movilizaciones que duraron dieciocho días en Ecuador, aseguró este lunes a Efe que el proceso judicial iniciado en su contra está “viciado para justificar una mentira”.
Iza afronta desde este lunes un juicio por presunta paralización de servicio público en calidad de autor mediato (con dominio del hecho) al supuestamente instigar el bloqueo de carreteras, proceso que inició tras su detención el 14 de junio, un día después de que iniciasen las movilizaciones en las que fallecieron seis personas y unas 500 resultaron heridas entre manifestantes y fuerzas del orden.
El presidente de la Conaie sostuvo que no lo detuvieron en delito flagrante como afirmó la Policía y denunció haber sido víctima de una “emboscada” pues, según su versión, en el lugar de su detención había libre circulación de vehículos.
“Jamás leyeron mis derechos en el momento de la detención. Me secuestraron en la provincia de Cotopaxi y, supuestamente, me leyeron mis derechos en la provincia de Pichincha, luego de horas. Por lo tanto todo ese proceso está viciado para justificar una mentira, una acción ilegal como una verdad”, dijo.
Las autoridades han asegurado que cumplieron los procedimientos para la detención y presentaron un video en el que se aprecia al director de Investigaciones de la Policía y comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Alain Luna, cuando lee los derechos a Iza, quien un día después de su detención salió en libertad condicional con cargos.
PETICIONES Y AVANCES
Las protestas estallaron en contra de la carestía de la vida, con un pliego de peticiones que incluía la reducción y congelación del precio de los combustibles subsidiados, la moratoria a créditos, mejoras en el sector de la educación y en demanda de mayor y mejor acceso a la salud, entre otros asuntos.
En los primeros diálogos se concretó la reducción en 15 centavos de dólar el precio congelado de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).
Asimismo, la derogación del decreto 95 que promovía la actividad petrolera.
Otra de las demandas neurálgicas de indígenas y campesinos era la derogatoria del decreto 151 sobre minería, pero aceptaron que el Gobierno se comprometa a reformarlo para que no haya más concesiones mineras en reservas naturales, zonas arqueológicas y territorios ancestrales de pueblo indígenas.
Iza reiteró que las protestas fueron desde el inicio por los diez puntos planteados y, descartó cualquier vínculo con la moción de destitución del presidente, Guillermo Lasso, que se votó en paralelo en la Asamblea Nacional a petición de los parlamentarios correístas, y que finalmente no prosperó.
La moción se amparó en un artículo de la Constitución que contempla la destitución por “grave crisis política y conmoción interna” y se planteó mientras crecían las protestas, incluso con hechos violentos, como el daño a bienes públicos y privados, así como la represión policial.
¿INFILTRADOS?
Tanto el Gobierno como los indígenas aseguran que en las protestas hubo infiltrados con acciones que tensaron más la situación, como la quema de unidades policiales, el ataques a convoyes que llevaban combustible o que abrían el camino para abastecimiento de alimentos.
Los militares calificaron de “acto terrorista” al ataque a un convoy militar en el que murió un soldado.
Según Iza, en la manifestaciones detectaron cuatro eventos que involucraron a “policías infiltrados”, que fueron entregados a las autoridades: “Había infiltrados desde el mismo Gobierno para hacer creer a la ciudadanía que el vandalismo venía desde los manifestantes”, dijo.
El líder indígena anotó que también “habían otros grupos políticos, otros grupos organizativos que estaban actuando”, pero subrayó que esos grupos “jamás tomaron la dirección de la movilización” de los indígenas.
MESAS DE DIÁLOGO
Iza indicó que las protestas no fueron solo por el tema de los combustibles, pues “uno de los factores determinantes en cualquier movilización es la pobreza y la desigualdad”.
Tras señalar que hay “un avance muy importante en algunos temas” planteados, explicó que el próximo jueves se instalarán las mesas de diálogo con el Gobierno para seguir tratando los temas, algunos de ellos “más complejos” que otros y que deben incluir otros actores, tanto públicos como privados.
Asimismo, Iza comentó que están claros de que en los próximos 90 días que funcionarán las mesas de diálogo no se resolverán los problemas estructurales de la sociedad, pero “en algo se puede aliviar”.
EFE