Casos específicos de esta pérdida de gobernabilidad y control se han visto en distintas zonas de los estados de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas.
Por infobae.com
El crimen organizado y la violencia que desde hace décadas se reproduce como un virus en todo el territorio mexicano, alcanzando las esferas de soberanía y gobernabilidad nacionales, delinean la cada vez más preocupante situación de derrota en la que se encuentra el estado mexicano.
“(El estado) carece de las capacidades operativas, funcionales y de eficiencia necesaria para desalentar e inhibir la constante expansión territorial y funcional de las poderosas organizaciones del crimen organizado, desarticularlas y llevar ante la justicia a sus líderes”, señaló un artículo recién publicado por el Instituto México del Wilson Center.
El texto advierte que el estado mexicano está “técnicamente derrotado” debido a que la pacificación y recuperación del orden desde hace tiempo están más allá de sus capacidades. Incluso señaló un futuro poco alentador para México, pues aseguró que para recuperar el control y reconstruir las capacidades institucionales probablemente se necesitarán invertir varias décadas.
Soberanía y gobernabilidad narcas
Esta “derrota” se ha traducido, según el artículo escrito por el especialista en seguridad Ricardo Márquez Blas, en una perdida progresiva del control territorial en detrimento de los cárteles en distintas zonas del país: “A la ya conocida pax narca ahora hay que agregar grados más profundos de perversión e involución del orden social: la soberanía y gobernabilidad narcas”.
Casos específicos de esta pérdida de gobernabilidad y control se han visto en distintas zonas de los estados de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas. En dichas regiones el crimen organizado no solo ha conseguido imponer presidentes municipales, diputados y gobernadores; también se ha hecho con el control de actividades económicas esenciales.
Por mencionar algunos ejemplos, en municipios de Guerrero, el cártel de “La Familia Michoacana” controla desde la comercialización de productos básicos hasta el transporte público, mientras que en distintas zonas de Michoacán diferentes grupos criminales extorsionan a productores e imponen cuotas para el limón o aguacate.
En el caso del Cártel de Sinaloa se sabe que ha impuesto horarios de tránsito a la población y controlado los precios de las bebidas alcohólicas en la entidad. No muy lejos de la Ciudad de México, en el “Pueblo Mágico” de Valle de Bravo, distintos reportes señalan que la “Familia Michoacana” se ha hecho con el control de la distribución de gas, del transporte de carga, del transporte público, de distintos servicios turísticos y hasta de la venta de pollo.
Mayor despliegue y menos detenciones
De acuerdo con el informe de seguridad del lunes 23 de mayo, publicado por el gobierno de México, la fuerza operativa del estado mexicano para combatir a la delincuencia organizada sumó 249 mil 651 elementos, de los cuales 205 mil 794 fueron desplegados y 43 mil 857 se encontraban disponibles o asignados a actividades diversas de apoyo.
“Esto significa que en dos años la fuerza operativa para combatir a la delincuencia organizada se incrementó 43.1%; el efectivo desplegado en 35.5% y la cantidad de elementos disponibles o en apoyo a las operaciones en 85.6%”, señaló el artículo.
Sin embargo, el considerable incremento de elementos desplegados en los últimos años no se ha traducido necesariamente en más detenciones. En algunos casos ha sido incluso todo lo contrario. De acuerdo con datos oficiales, entre 2018 y 2021, la cantidad de elementos del ejército en funciones de seguridad pública se incrementó 63.7%, pero las detenciones se redujeron 19.6%.
“Si se comparan las detenciones realizadas por el Ejército en los 41 meses iniciales de los últimos 4 sexenios en los municipios de Badiraguato (Sinaloa), Guadalupe y Calvo (Chihuahua), Tamazula (Durango) y Canelas (Durango), se observa una importante caída de las mismas”, señaló el autor.
“La cantidad de detenidos en esos municipios alcanzó 70 con Vicente Fox, 101 con Felipe Calderón, 122 con Enrique Peña y 28 con Andrés Manuel López Obrador”, amplió.
Dichos problemas de criminalidad e inseguridad, advirtió Márquez Blas, han alcanzado un nivel de gravedad tal que ha trascendido las esferas de la voluntad política y de la definición, así como del diseño e implementación de una estrategia de seguridad adecuada y eficiente.