Luego de que el pasado viernes el régimen chavista en la región aplicara una “toma temporal” a una empresa privada que compra el carbón a los mineros de Lobatera en Táchira, alrededor de 1.000 familias que dependen de esta actividad, se quedaron de brazos cruzados.
Anggy Polanco // Corresponsalía lapatilla.com
Los mineros del eje Palos Grandes, Cazadero, Boca de Monte, Arenales y Las Minas tienen siete semanas sin vender el carbón que extraen de las minas artesanales, puesto que aseguran que el gobierno les quiere imponer una empresa del Estado para que les compre el mineral a precio que no les conviene y con una forma de pago poco atractiva.
Esta empresa gubernamental, además, no tiene la capacidad de comprar toda la producción de la zona, dijeron los protestantes este martes. Piedad Vega, una mujer minera de la zona, relató que la comunidad lo único que desea es que a la empresa que ella le vende el mineral, le concedan sus permisos, a fin de seguir laborando.
Yajaira Coromoto Zambrano, otra minera, señaló que la única empresa privada que tiene un centro acopio en el área, la invadieron el pasado viernes, con la excusa de que no paga los impuestos. Sin embargo, los mismos mineros pagan varios aranceles para ejercer la actividad.
Zambrano hizo un llamado al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, para que dé la cara ante la comunidad, pues son más 4.000 habitantes de la zona los que se están viendo afectados por la paralización de la empresa.
Denunciaron que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y presuntos funcionarios de las Faes, ahora se pasean por la zona minera con armamentos de guerra en mano.
Los mineros explicaron que la Corporación Venezolana de Minería (Carbosuroeste), les cobra un impuesto que oscila entre 10 y 29 dólares. Adicionalmente, cada camión volteo paga 5.000 pesos colombianos para poder operar.
Elvigia Manrique, líder de calle e integrante del consejo comunal de Los Alviarez, señaló que en el eje minero quieren que dejen circular el libre comercio y que las empresas puedan exportar el carbón, pues los hombres tiene 8 semanas sin llevar el sustento a sus casas.
Manrique se preguntó a dónde van los miles de dólares que percibe la Carbosuroeste, puesto que en la localidad no tienen implementos médicos en el ambulatorio, hay un liceo en malas condiciones y una capilla deteriorada, por lo que mineros deben pagar taxis hasta los centros de salud, en casos de emergencia, porque tampoco tienen ambulancias.
“Los niños nos están diciendo: tenemos hambre”, contó Elvigia Manrique. Y expuso que durante la campaña electoral, Freddy Bernal les prometió que habría trabajo para todos. Por el contrario, en estos momentos lo único que están recibiendo son amenazas por dar a conocer esta situación.
Los hombres de la comunidad sienten temor, porque los han amenazado con quitarles las concesiones de carbón, argumentaron las mujeres de la comunidad.
El diputado de la oposición de la Asamblea Nacional de 2020, Juan Carlos Palencia, quien acudió a la zona, denunció que se paralizó el saque de carbón por una situación de permisos a la empresa, por lo que exigió a la Carbosuroeste que resuelva los permisos necesarios a las empresas que compran el mineral a los locales.
Palencia señaló que en vez de resolverles el problema, los lugareños han comenzado a recibir amenazas, por lo que estarán vigilantes de situaciones irregulares.
Indicó que los habitantes de esta zona minera son tratados como ciudadanos de tercera, porque las mejores alianzas del carbón se las dan a empresas fuera de la zona.