Las primeras dos semanas de julio dejaron como saldo la detención de seis dirigentes sindicales en Venezuela. Tres militan en el partido izquierdista disidente del chavismo, Bandera Roja. Se trata de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo. Para representantes de las ONG de derechos humanos, la medida representa un nuevo patrón de represión contra la disidencia opositora orientada a desmovilizar las marchas por reclamos salariales o beneficios sociales, así lo reseñó LA PRENSA DE LARA.
“Es una política de criminalización contra la asociatividad y contra el derecho a la manifestación“, dijo el abogado, Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto en Lara. Los delitos que se les imputa a estos sindicalistas es asociación para delinquir, instigación al odio y delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Estos presos políticos los tienen detenidos en un centro de reclusión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre Boleíta, conocido como Zona 7, La Yaguara y La Quebradita en Caracas. Destaca el caso de Emilio Negrín que fue sacado de su casa el 5 de julio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siendo presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y miembro de la Coalición Sindical Nacional, una de las cinco centrales sindicales opositoras más grandes de Venezuela.
“Nos preocupa muchísimo esta situación porque hemos visto cómo en determinados momentos en coyunturas sociales, la narrativa del Gobierno se ha convertido en foco de persecución del movimiento estudiantil, los partidos políticos, medios de comunicación, defensores de DD. HH., y ahora esa violencia la estamos viendo contra la dirigencia sindical. Este grupo social está siendo identificado por el régimen como contrario, obstáculo, molestoso e inconveniente”, expresó Martha Tineo, abogada y coordinadora General de Justicia Encuentro y Perdón (JEP).
La jurista también ve con preocupación, cómo organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ante esta ola de persecución no se haya pronunciado al respecto, considerando que esta organización vela por los derechos de la libertad sindical.
“Sabemos que la guerra de Ucrania, la recesión económica que está en atención prioritaria de los organismos internacionales claramente, hace que el tema Venezuela de alguna manera se esté abandonando, está dejando de ser importante en la agenda internacional. No estamos viendo grandes reacciones en este sentido y justamente por eso estamos haciendo este trabajo de llamar la atención, de que los ojos se volteen porque Venezuela está en medio de un nuevo ciclo de persecución política”, expresó Tineo.
Desde finales de 2020, en el país el chavismo también ha aplicado medidas de persecución contra defensores de derechos humanos. De acuerdo con el Centro para los Defensores y la Justicia, en el primer semestre de 2022 se registraron 214 agresiones a miembros de ONG que implicaron amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización desde los canales del Estado o propiciadas por funcionarios de seguridad.
“Alertamos que reforzar la tesis de que quienes defienden, denuncian y exigen DD. HH. son enemigos internos del Estado, resulta peligroso para quienes realizan esta labor en tanto pueden derivar en graves afectaciones a la vida, libertad e integridad personal”, reseña el informe del Centro para los Defensores y la Justicia.
CPI aún no se instala en el país
El abogado penalista, Joel García, indicó que los defensores de DD. HH. tienen poca información sobre la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, anunciada el 31 de marzo de 2022 por el fiscal, Karim Khan.
“La CPI le dio un listado de casos al Ministerio Público y la dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público se está encargando de documentar esos casos, pero van a paso de morrocoy. Por ejemplo, hay muchas denuncias donde el Ministerio Público motus propio no ha hecho nada. En el caso de investigación del magnicidio presidencial, que en agosto de este año cumple cuatro años, el 90% de las personas implicadas fueron torturadas, y todavía no han tenido acceso a un fiscal del Ministerio Público para entrevistarse”, expresó.
Considera que la CPI debe darse cuenta que en Venezuela el sistema de justicia no tiene voluntad para investigar los crímenes de lesa humanidad.