(Crédito de la foto: REUTERS/Sebastián Borsero)
Un grupo de senadores estadounidenses pidió el martes a la Administración del presidente Joe Biden colaborar con la Justicia argentina proporcionando la información que confirmaría los vínculos de la tripulación del avión venezolano-iraní con actividades terroristas, así lo reseñó MONITOREAMOS.
La iniciativa estuvo impulsada por la senadora de Iowa, Joni Ernst, junto a sus colegas republicanos Chuck Grassley (Iowa), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Pat Toomey (Pensilvania), Marco Rubio (Florida), Ted Cruz (Texas), Bill Cassidy, M.D. (Luisiana), James Lankford (Okahoma), Tom Cotton (Arkansas), Kevin Cramer (Dakota del Norte), Rick Scott (Florida), y Bill Hagerty (Tennessee).
Los congresistas enviaron una carta al fiscal general, Merrick Garland, en la que reclaman por el “retraso inusual y la falta de respuesta” del Departamento de Justicia estadounidense a las solicitudes formales de información del Poder Judicial argentino, clave para la investigación sobre el avión de Emtrasur.
La senadora Ernst consideró que la demora “sugiere una priorización de otras partes de la agenda de esta administración, como las negociaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear iraní”.
“Si resulta que el Departamento de Justicia del presidente Biden está retrasando e ignorando deliberadamente las solicitudes del poder judicial argentino para llevar a cabo su investigación, incluso frente a las obligaciones del tratado, todo para priorizar la búsqueda desesperada y equivocada de la administración de un nuevo acuerdo nuclear con Irán, sería una vergüenza y completamente inaceptable. Necesitamos garantías de inmediato de que la información vital se proporcionará de inmediato, junto con una explicación completa de la demora”, reclamó la senadora.
El avión Boeing 747, matrícula YV3531, que volaba con la bandera venezolana y bajo la fachada de Emtrasur, la filial de carga de la estatal venezolana Conviasa, va a cumplir 50 días retenido en Ezeiza, luego de que la justicia iniciara investigaciones por sus presuntos vínculos con el terrorismo iraní.
Es que, antes de ser traspasada a Venezuela, la aeronave pertenecía a la compañía iraní Mahan Air, que está sancionada por Estados Unidos por servir como brazo logístico para el transporte de armas, personal, recursos y equipos de organizaciones terroristas como Hezbollah y las Fuerzas Quds.
Entre la tripulación del avión se encuentran cinco iraníes, uno de ellos identificado como Gholamreza Ghasemi, quien ha sido señalado por Israel, Paraguay y el FBI estadounidense de estar vinculado a actividades terroristas.