Un informe presentado este martes por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), refleja un ambiente hostil que vivió la prensa salvadoreña en 2021 con ataques, espionaje y desacreditación a la labor periodística, que pone en riesgo derechos fundamentales en un sistema democrático como la libertad de prensa y el acceso a la información, según señala el documento. señala ).
El documento destaca un escaso o nulo acceso a la información pública, que afecta directamente a la población “dado que no pueden acceder a datos o estadísticas que permitan dimensionar la realidad en la que vive”.
Ataques a la prensa, progresivo ocultamiento de la información pública, espionaje e intimidación son las principales situaciones documentadas en ese informe. Funcionarios del Gobierno y el propio órgano Ejecutivo son los señalados, según el documento, por cometer la mayoría de dichos ataques.
El informe indica que el ejercicio de la libertad de prensa enfrentó restricciones durante 2021, “caracterizándose por ataques a la labor periodística, la falta de acceso a la información pública y el espionaje”. El ataque a periodistas “ha sido una constante durante el periodo de estudio”, apunta la fuente. De igual modo, asegura el documento, “ha sido recurrente la desacreditación a periodistas y medios de comunicación que cuestionan de manera crítica la gestión gubernamental”.
Según información de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre 2019 -año en que tomó posesión la actual Administración del presidente Nayib Bukele- y 2021 se registraron 421 agresiones en contra del sector periodístico.
La APES reporta, según el informe, que al cierre de 2019 se registraron 77 casos de agresiones a periodistas, en 2020 se contabilizaron 125 vulneraciones y en 2021 el número de casos ascendió a 219. Así, el incremento porcentual de 2019 a 2021 fue de un 184 %. “Esta amalgama de sucesos permite evidenciar que existen graves afectaciones a la libertad de prensa”, subraya el texto de OUDH.
La investigadora Carla Quinteros dijo que El Salvador está en una “fase crítica” porque existe una “criminalización y persecución” a la labor periodística, a través de “discursos de odio y estigmas”, y ataques digitales provenientes, principalmente, de un “aparato gubernamental”.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, argumentó que “sencillamente, sin información no hay participación ciudadana efectiva (…) el acceso a la información pública también permite examinar las acciones del Gobierno y constituye una base necesaria para el debate”. Además, destacó que el acceso a la información “desempeña un papel importante en la reducción de la corrupción”.
Con información de Efe