Expresión apropiada para describir las luchas de mucha gente en Venezuela cuando, con ingenuidad y esperanza de lograr el objetivo de derrotar pronto al formidable seductor, comenzaron las denuncias, encuentros comunitarios en Asambleas de Ciudadanos, reuniones con los invitados más preparados para orientar a los vecinos, marchas y manifestaciones para protestar y contrarrestar los abusos de poder convertidos en norma.
No ha cesado este impulso cívico desde que el militar Chávez asumió el poder al inicio de 1999 ante una “moribunda Constitución” y se dedicó sistemáticamente a destruir las instituciones democráticas e imponer caudillismo, militarismo, personalismo mesiánico, discriminación excluyente y arbitrariedad como costumbres sociales y acción política preferentes, salpicados de populismo efectista, teatral y demagógico, hasta su muerte, anunciada el 5 de marzo de 2013.
Maduro llegó a la presidencia en 2013 sostenido por el pronunciamiento de Chávez antes de viajar a Cuba, en cadena nacional televisada, el 8 de diciembre de 2012, al anunciar su “opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total”, de que fuera su sucesor con el respaldo de Diosdado Cabello, en caso de que la cirugía a la que iba a ser sometido no tuviera buen desenlace; y sobre una interpretación falsa y acomodaticia de la Constitución que prohibía que el presidente encargado en ausencia del presidente en ejercicio fuera candidato.
A partir de ese momento, hemos presenciado sucesivas transgresiones vueltas ley, pérdida del Estado de Derecho, persecución judicial de disidentes y opositores, cárcel, tortura y desaparición o muertes de quienes no sirven al régimen o son un estorbo. Se impuso, pese a la resistencia ciudadana y los esfuerzos del sector empresarial, la ruina económica. Con esta, el retroceso continuado de avances sociales heredados del período democrático en educación, salud, alimentación, desarrollo sanitario; el colapso de los servicios públicos, la negligencia o falta de mantenimiento de la planta física de los edificios estatales e infraestructura vial; desnutrición crónica e infantil, abandono de los adultos mayores, deserción escolar y universitaria, maltrato y miseria contra varios sectores, en especial empleados públicos, profesores y maestros de las instituciones oficiales en todos los niveles de escolaridad.
El hilo conductor para comprar voluntades y fabricar consensos ha sido la corrupción. Tráfico de influencias, amiguismo, estructura clientelar del Estado, que existían en la frágil democracia del pacto de Punto Fijo a partir de 1958 con un Estado dirigista que buscaba consolidar las instituciones, alcanzar la modernización y diversificación industrial bajo el proteccionismo estatal y la transparencia en el desarrollo de oportunidades para impulsar la integración democrática y movilidad social, se pervirtió. La hegemonía de los partidos de Acción Democrática y Copei desde fines de la década de 1960 y los años 70, a la vez que garantizaron estabilidad y alternabilidad, adoptaron la repartición de cargos y cuotas de poder para preservar el poder. Hoy se han agudizado estos rasgos del populismo corruptor en la política y las finanzas, al punto de ser definida Venezuela como una cleptocracia que es también kakistocracia, gobierno de los peores, concentrado en una camarilla militar civil que domina las instituciones. El Estado omitió sus obligaciones y se convirtió en una estructura criminal paralela que usurpó las instancias de poder con ramificaciones mafiosas vinculadas al crimen organizado transnacional. Es un Estado forajido.
La lucha no cesa, pero crece la impotencia ciudadana porque no bastan protestas y manifestaciones cuando el problema sobrepasa nuestra voluntad como individuos; decencia y ética han sido postergadas. La aparente prosperidad está fundada en actividades ilícitas de las cuales se benefician minorías reducidas en conexión con el gobierno de facto presidido por Maduro. Según informe solicitado por Ecoanalítica a Transparencia Venezuela, durante más de 10 meses de trabajo conjunto, la conclusión fue que “los ilícitos equivalen al 21,74% del PIB de Venezuela en 2021”, siguiendo a Asdrúbal Oliveros, directivo de la firma consultora. El informe identifica el momento actual del país. Este se encuentra en “fase simbiótica”, de acuerdo con la clasificación de Steir y Richards (1997). Significa que, siguiendo a Oliveros, “la interdependencia entre el crimen organizado y el sistema político y económico es tal que las fronteras se vuelven tenues”.
Otra conclusión del informe de Transparencia es que “la ampliación de las actividades económicas ilegales es el coletazo del colapso de la industria petrolera, su resultante crisis económica y las posteriores sanciones”. El informe centra su análisis en el contrabando ilegal de gasolina, el narcotráfico, prácticas ilícitas en puertos venezolanos y el tráfico de oro, actividades extendidas a lo largo y ancho del territorio nacional. No olvidemos su repartición insólita con el silencio cómplice o el miedo de las autoridades regionales y municipales entre grupos irregulares y narcoterroristas extranjeros que han impuesto sobre las poblaciones sus propias reglas, a riesgo de su propia muerte, como ocurre en el arco minero con total impunidad.
¿Cómo reconstruir el país deshecho y cómo revertir la crisis humanitaria compleja que sufre Venezuela en este contexto, si se revela que extranjeros y venezolanos estrechamente ligados al tráfico de estupefaciente se lucran grandemente con actividades económicas no declaradas que escapan del control de la administración del Estado y las estadísticas oficiales, las cuales no deben confundirse con actividades informales, según precisa Oliveros? ¿En qué va a desembocar un país que cede su territorio no solo a bandas criminales sino a Estados extranjeros, como acaba de ocurrir con Irán, teocrático, fundamentalista y sectario, cuyas economía, tradiciones, leyes y costumbres son ajenas a los valores de productividad y bienestar, civilidad, modernidad, respeto por los otros, democracia y pluralismo? ¿Quién nos gobierna?