La organización Human Right Watch denunció este martes que políticas y normas “perjudiciales” adoptadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro han avivado actividades e invasiones ilegales en las comunidades indígenas brasileñas, amenazando “seriamente” los derechos de estas poblaciones.
En la fecha en la que se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONG señaló que bajo la administración del líder de la ultraderecha en Brasil se suspendió la demarcación de los territorios indígenas y se debilitaron los órganos que los resguardan, dejando a los pueblos originarios “aún más vulnerables”.
“El Gobierno brasileño transformó la agencia encargada de promover y proteger los derechos indígenas en una agencia que pone en riesgo esos derechos”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch (HRW) en Brasil, citada en un comunicado.
Según Canineu, las políticas implementadas desde que Bolsonaro llegó al poder hace ya casi cuatro años, han alentado a quienes realizan actividades de minería ilegal, cacería furtiva y comercio ilícito de madera “a invadir las tierras indígenas con impunidad, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas y el medio ambiente”.
La organización defensora de los derechos humanos recordó que desde que estaba en campaña para la presidencia en 2018 el líder ultraderechista ya criticaba a las entidades encargadas de velar por los pueblos indígenas y al llegar al máximo cargo del país cumplió la promesa que había hecho de “darles una paliza”.
Asimismo recordó las destituciones masivas de servidores públicos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), los “obstáculos burocráticos” que se han implementado en esa y otras entidades que tienen relación directa o indirecta con los pueblos originarios y que líderes indígenas “e incluso miembros del Ministerio Público” fueran investigados por la Policía.
Según HRW, el número de funcionarios especializados en los órganos que se encargan de cuidar a los pueblos originarios y al medioambiente se redujo considerablemente durante la actual administración, que ha promovido el nombramiento de “suplentes”, algunos de ellos “militares o policías activos o de la reserva”, lo que ha creado un clima de “miedo e intimidación” en las entidades.
La ONG también denunció que al menos 241 territorios indígenas están “pendientes” de demarcación, que es el proceso que establece las áreas que pertenecen a los pueblos originarios, brindándoles seguridad jurídica sobre el derecho colectivo en relación con los territorios.
A eso se suma un proyecto de ley promovido por el Gobierno de Bolsonaro “que evitaría que muchos pueblos indígenas reclamaran sus tierras tradicionales”, pues les obliga a probar que estuvieron presentes en esos sitios el 5 de octubre de 1988, día en el que se promulgó la Constitución brasileña, un tema que está pendiente de ser juzgado en la Corte Suprema de Justicia.
Datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) señalan que en Brasil el acaparamiento de tierras en tierras indígenas y la explotación de recursos mediante la tala ilícita de árboles y la minería, la caza y la pesca ilegales aumentaron un 137 % en 2020, frente a 2018, año anterior a la llegada de Bolsonaro al poder.
Estas actividades han promovido la deforestación, especialmente en reservas indígenas de la Amazonía donde la devastación de estos territorios creció un 138 % durante los primeros tres años del actual Gobierno, en comparación con los tres años anteriores (2016-2018), según un estudio del Instituto Socio Ambiental (ISA).
HRW señaló que los recientes asesinatos del periodista Dom Phillips y el indigenista Bruno Araújo Pereira, muertos en los alrededores del Valle de Javarí, un inhóspito lugar en medio de la selva amazónica son un ejemplo de la violencia causada por ese tipo de actividades ilegales.
EFE