La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este viernes a Nicaragua por “el hostigamiento” a la Iglesia católica y la persecución de la prensa y las oenegés y exigió al gobierno de Daniel Ortega que libere a los presos políticos.
En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización, adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).
Hubo dos delegaciones ausentes: la de Nicaragua, como era de esperar, y la de Colombia, gobernada desde el domingo por el presidente izquierdista Gustavo Petro.
La OEA condena el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones”.
El gobierno nicaragüense critica a los sacerdotes desde las protestas opositoras de 2018, por haber dado refugio a los manifestantes heridos o que huían de la represión que se saldó con 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega consideró aquellas protestas un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y la complicidad de los obispos.
La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, denunció en la sesión “la nueva arremetida contra la Iglesia” y el caso del obispo Rolando Álvarez, retenido en la curia y a quien la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, acusa de cometer “crímenes de lesa espiritualidad”.
La prensa también se halla bajo el yugo de la mordaza.
“La escalada represiva contra la prensa independiente ha generado zonas de silencio mediático” y el acceso a las fuentes periodísticas se ha convertido en un calvario “por el temor generalizado de la población a expresarse”, aseguró la presidenta de la CIDH, que en las últimas semanas tuvo constancia del “exilio forzado de periodistas”, incluida toda la redacción del diario La Prensa.
La OEA pide que Nicaragua “cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, al tiempo que condena “el cierre forzado” de casi 1.300 oenegés, según el secretario general de la organización, Luis Almagro.
– Tender puentes –
Además, Nicaragua debe “liberar de inmediato a todos los presos políticos”, insiste la OEA, en alusión a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que buscaban retar a Ortega en las elecciones de noviembre, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo.
El 18 de ese mes Ortega anunció el retiro de Nicaragua de la OEA, que le recuerda que debe cumplir con sus obligaciones hasta el 18 de noviembre de 2023, cuando se haría efectiva su retirada.
Pese a que Managua ha ignorado sus declaraciones y resoluciones anteriores, la OEA le reiteró su ofrecimiento “a trabajar” de forma conjunta para que se “restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos” en el país.
Encomendó a Almagro que se lo notifique al gobierno de Ortega y que “considere la adopción de medidas adicionales según sea necesario”.
Es casi inevitable preguntarse por el alcance de la resolución.
“Ninguna resolución por sí sola va a resolver semejantes problemas, menos en nuestro contexto organizacional cuando con inusitada frecuencia no estamos siendo el espacio donde los Estados del hemisferio se ponen de acuerdo para actuar en conjunto sino en una modesta caja de resonancia para tomas de posición particulares, legítimas pero particulares”, reflexionó el representante permanente de Chile Sebastián Kraljevich.
– “Marcar los ritmos” –
“No hay una vara de plata o solución mágica para restablecer el imperio de los derechos humanos en Nicaragua”, dijo, al comparar la situación en ese país con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, pero hay que contribuir “a la resistencia” de un pueblo y buscar “todas las vías pacíficas” de diálogo.
Para México “la OEA no es en este momento el espacio para propiciar un diálogo genuino con un Estado con el que se ha roto toda relación”. “El secretario general no es un actor confiable”, afirmó la representante Luz Elena Baños.
Almagro, que tomó la palabra más tarde, lamentó “la instrumentalización política para desconocer el sufrimiento de los nicaragüenses”, incluidas las comunidades indígenas debido a la invasión de sus territorios ancestrales.
La resolución fue propuesta por Antigua y Barbuda y copatrocinada por Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Haití, República Dominicana y Ecuador.
El representante de Antigua y Barbuda, Ronald Michael Sanders defendió que la región levante la voz: “No nos hicimos miembros de esta organización porque es un tambor vacío” sino “para marcar los ritmos”.
AFP