La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua pidió este martes mantener la presión nacional e internacional contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
“El esfuerzo del diálogo se ha dado (en Nicaragua), la voluntad de la oposición ha estado. Pero, aun así, sin voluntad de la contraparte (Ejecutivo) no hay forma de que el diálogo sea ni efectivo, ni productivo”, señaló la dirigente de la Unidad, Ana Quirós, en conferencia de prensa vistual.
“Entonces, por nuestra parte, consideramos que lo que cabe es mantener la presión nacional e internacional”, indicó Quirós, una costarricense nacionalizada nicaragüense que fue expulsada de Nicaragua en noviembre de 2018 en el marco de la crisis.
A juicio de la Unidad Nacional, Ortega no se sentará a negociar si no se le presiona antes.
“Reiteramos que dentro de la presión internacional, la presión financiera es un elemento clave para un cambio en la posición del régimen”, resaltó Quirós, residente en Costa Rica.
Como ejemplo de los efectos de presionar a Ortega, la dirigente mencionó que las recientes huelgas de hambre de la disidente Tamara Dávila y del periodista Miguel Mora —que guardan prisión por delitos considerados “traición a la patria”— para que la Policía les permitiera que sus hijos los visitaran en prisión, lograron su objetivo.
“En Nicaragua la solución es pacífica, vamos a lograr, sin duda alguna, que la dictadura de los Ortega Murillo salga del poder, porque la dictadura está en crisis. Se sostiene exclusivamente sobre la base de la represión”, recalcó, por su lado, el dirigente de la Unidad Héctor Mairena, quien puso como ejemplo de resistencia pacífica al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliar, investigado supuestamente por intentar “organizar grupos violentos”.
El también dirigente de la Unidad, Marlon Caldera, leyó un pronunciamiento de la organización en el que se recordó que en el último diálogo de Ortega con la oposición firmó una serie de compromisos que hasta ahora no ha cumplido, y que básicamente consiste cumplir con la Constitución nicaragüenses, liberar a los “presos políticos”, y el retorno seguro de los exiliados.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando masivas protestas contra Ortega fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su primer año dejó al menos 355 muertos, de los cuales el presidente ha admitido 200, con el argumento de que se defendía de un supuesto intento de golpe de Estado.
El más reciente suceso relacionado con la crisis fue el arresto de Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, un crítico de Ortega al que la Policía acusa de intentar de realizar “actividades desestabilizadoras y provocadoras”.
EFE