De acuerdo a expertos en seguridad y estudios internacionales es menester que el nuevo gobierno de Colombia y Venezuela establezcan un acuerdo de paz con acompañamiento internacional, que permita controlar a los grupos armados en la frontera, donde operan con al menos 12 actividades ilegales, entre las cuales se cuenta el tráfico interno de armas.
Por María Eugenia Díaz
De lo contrario, los analistas advierten que la violencia aumentará en las áreas limítrofes, donde actualmente los grupos irregulares funcionan a sus anchas. También dejan claro que si ambos gobiernos no son capaces de garantizar la seguridad en la frontera, no se generará la reactivación del aparato productivo en Venezuela y Colombia, y en consecuencia, el retroceso económico se intensificará para la población civil.
El internacionalista Freddy Jabano asegura que, considerando la realidad vivida durante los pocos días del presidente colombiano Gustavo Petro en el poder, ya se han tomado decisiones importantes como la escogencia del embajador de Venezuela en Colombia, el también internacionalista Félix Plasencia, y por parte de Colombia, el senador y mano derecha de Petro, Armando Benedetti como el embajador neogranadino en Venezuela.
Para Jabano, estas decisiones “hablan bien” del proceso de restablecimiento en las relaciones entre ambas naciones en este nuevo período presidencial en Colombia, pero insiste en la existencia de elementos nada fáciles de resolver que intervienen en esta relación diplomática “compleja”.
El internacionalista considera que el recrudecimiento de la violencia en el eje Arauca (Colombia)-Apure (Venezuela), es el primer asunto a abordar, pues en 2022 ya se superó la cifra de muertes ocurridas en la frontera el año pasado.
“En el año 2021 asesinaron a 187 personas, pero este año hasta la fecha, de acuerdo a los registros oficiales, la cifra supera los 200 muertos entre el departamento de Arauca (Colombia) y el estado Apure (Venezuela), muchos de ellos apureños desplazados de nuestro país hacia el territorio colombiano”, apunta.
Jabano, quien también fue director de Frontera de la gobernación del estado Apure, establece que el segundo elemento para estudiar en esta relación colombo-venezolana, es la actuación de los frentes guerrilleros en esta zona fronteriza.
“Los Frentes 10 Martín Villa, Frente 28 y el Frente 33 del Bloque Jorge Briceño, los cuales se han mostrado muy activos durante meses. Las disidencias de las Farc han avanzado en su enfrentamiento con el ELN. Además, en la frontera colombo-venezolana también funcionan células clandestinas del Clan del Golfo, bandas criminales como el Tren de Aragua y Los Rastrojos que controlan los pasos fronterizos”, precisa el analista.
Recordó que durante los dos últimos años, en el territorio venezolano se han vivido momentos de tensión, luego de la muerte de alias “El Paisa” y alias “Romaña”, Jesús Santrich, Gentil Duarte y la reciente operación que casi liquida a Iván Márquez. “Esos enfrentamientos ameritan un análisis muy especial”, resalta.
Intervención de la ONU
El internacionalista advierte que Petro no va a recibir a un país en calma. Al contrario, se enfrenta a una región como Arauca que está completamente en guerra.
“De allí la importancia del acuerdo de paz entre ambas naciones, que no es un tema fácil, porque hay algunos actores que no son susceptibles de incorporarse a una mesa de negociación, pues son grupos criminales dedicados al narcotráfico en la zona. En Arauca-Apure se está desarrollando una especie de mercado, donde distintos actores de diferente naturaleza y de otros países vienen a comprar y a negociar drogas, así como productos ilegales como el oro, las gemas que se saca de Colombia, tierras y minerales estratégicos negociados en el mercado negro.
Jabano insiste en la incorporación de las Naciones Unidas en este proceso de paz en la parte interna de Colombia y Venezuela. “Maduro va a dejar su mano zurda en este proceso, porque Petro no lo ve como un líder del socialismo del siglo XXI y, por el contrario, no le da importancia, hasta tal punto que no luchó por invitarlo a su toma de posesión como presidente de Colombia”.
El especialista considera necesario la creación de un marco legal, elaborado con la presencia de testigos internacionales de las Naciones Unidas, el cual permita al mandatario colombiano en el ámbito interno, iniciar un proceso de negociación, supervisado por las comisiones de la ONU, que logre controlar a las bandas criminales existentes en estas zonas limítrofes, donde Colombia tiene alistados a más de 7.000 soldados.
Convivencia entre Farc y Eln
El especialista en temas internacionales espera que Venezuela tenga la voluntad de controlar el flujo de desplazados de la guerrilla hacia el país. Estos grupos armados reclutan personas y están involucrados en la trata de blancas, los negocios ilícitos y también se alían con algunos militares venezolanos y colombianos para delinquir con el contrabando de gasolina y gasoil, así como en el cobro de vacunas a la población civil. De esta manera, ejercen el control del comercio en Arauca y Apure.
Actualmente, existe un pacto no escrito de convivencia entre los grupos armados (Eln y Farc) en los estados Bolívar y Apure, porque ambas zonas se conectan por Puerto Páez y Puerto Ayacucho (estado Amazonas), donde tienen el monopolio de los negocios ilícitos en los límites de Inírida (Colombia) con la siembra de marihuana, cuya legalización es inminente, según ha anunciado en los últimos días el gobierno neogranadino.
“El acuerdo debe continuar, pero debe ser discutido por los actores involucrados en el acuerdo de paz, porque los enfrentamientos no favorecen ni a Venezuela ni a Colombia, en un negocio tan lucrativo como el de la marihuana, que aparentemente será legalizada por Petro. Esto generaría nuevas negociaciones, donde le conviene a Venezuela incorporarse, porque en el país se inicia el proceso de comercialización de la droga”.
Otro de los puntos a analizar en esta nueva relación, son las disputas de estos grupos criminales, las cuales – según Jabano – van a chocar con las necesidades de los actores oficiales, quienes aspiran reactivar el aparato productivo en la frontera.
“Luego del decaimiento del comercio entre Venezuela y Colombia, hasta casi llegar a cero, ahora con estas nuevas negociaciones y la reapertura de la frontera para el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, se espera que las ganancias se incrementen entre 800 millones y 1.200 millones de dólares”.
Para que esta reactivación económica ocurra, considera fundamental que ambos gobiernos “limpien” la zona de delincuentes para así proporcionarle confianza a los empresarios. “Deben establecer las mínimas condiciones necesarias para garantizar la seguridad a los comerciantes. De lo contrario, no se producirá el crecimiento deseado en la frontera colombo-venezolana”, agrega.
Indígenas desamparados
Lamentó que los militares venezolanos durante los últimos tiempos se han convertido en una especie de “empresarios”, que controlan a su vez el comercio entre Colombia y Venezuela.
“Todas las mercancías son revisadas y controladas por estos ciudadanos, quienes también, evidentemente, van a cuidar su negocio, al igual que sus testaferros, quienes pudieran estar interesados en que el Tren de Aragua o Los Rastrojos no tengan la preponderancia en la zona, porque ellos tienen el control de algunas áreas particulares relacionadas con el manejo de los ciudadanos”, recalca el internacionalista.
El caso de Apure-Arauca también debe ser un punto de la agenda de negociación. No se pueden dejar a un lado los problemas humanitarios como el desplazamiento de personas, la trata de blancas, el reclutamiento de las guerrillas, las vacunas a los productores y a los ganaderos y la inseguridad personal de civiles, incluyendo a las comunidades indígenas.
“Los indígenas no saben qué hacer, no tienen noción de territorio, deambulan por las zonas y son tomados como informantes en ambos lados, por lo cual son constantes las violaciones de derechos humanos. Casi todo el territorio apureño está invadido por varios grupos de distinta naturaleza e intereses, que no han podido ser controlados por nadie. Estos tienen capacidad para estar por encima de los procesos de vigilancia en la región. Algunos de ellos tienen negocios en áreas vitales del estado Apure, tal como lo evidencian las denuncias de las ONG y los organismos internacionales”, finalizó Jabana.