La Asociación de Ganaderos del estado Apure y la Federación Nacional de Ganaderos rechazan de manera rotunda la violencia instalada en un millón de hectáreas ubicadas a lo largo del Parque Nacional Santos Luzardo, en el margen de los ríos Capanaparo, Riecito y Quitaparo en el estado Apure.
María Eugenia Díaz // Corresponsalía lapatilla.com
Los productores agropecuarios condenan la desaparición de cinco niños y dos mujeres, familiares de productores apureños, registrada en la zona del Capanaparo, entre el 25 de agosto y 26 de agosto de este año.
Según testimonio de las víctimas, fueron amenazadas de muerte. Duraron un día y medio caminando en la desolada sabana, temiendo ser perseguidos y asesinados, a manos de grupos delictivos comandados por alias “El Búfalo”. Afortunadamente, lograron salvar su vida.
“No le dieron muerte al grupo de mujeres y niñas indefensas, porque una de las señoras conoció a uno de los indígenas y les rogó para que las dejaran ir, por lo que emprendieron el camino hasta llegar al fundo El Boral“, expresa la minuta de la reunión de los productores realizada el pasado 29 de agosto.
También repudian el saqueo de enseres y el hurto de 300 animales en el hato Santa Bárbara Bendita y de 290 reses en el hato Morichal de la familia Calzadilla. Esto se suma a los más de 20.000 animales que han sido robados en los últimos 4 años por los delincuentes, quienes están plenamente identificados, y se han encargado de atemorizar a los habitantes de esta zona fronteriza.
Entre las fincas víctimas de la violencia se encuentran Los Turupiales, Tucuman, Tierra Grata, Tierra Santa, Mate’canoa, Cantarrana, La Esperanza, Cachicamito, Santa Bárbara, La Felicidad, La Fortaleza, Morichal, Magdalena, Santa Bárbara Bendita y Las Culatas.
Complicidad en las fechorías
Los ganaderos alertan que lamentablemente por esta situación, el pie de cría de la población bovina en Apure está en riesgo, tras manifestar que en esta zona de alta conflictividad, se imposibilita la inversión de los productores ribereños.
“La situación de violencia en las unidades de producción es inaguantable por la intervención de los grupos irregulares colombianos, que actúan en complicidad con los miembros de las comunidades indígenas de estas zonas. Ambos han conformado bandas delictivas dedicadas al robo, hurto y contrabando de ganado hacia Colombia, país donde el precio del ganado es mayor. Es preocupante que estos grupos cada día estén ganando territorio de forma acelerada”, revela un productor.
Las instituciones gremiales revelan que por la conflictividad en la referida zona, durante los últimos cuatro años han desaparecido cerca de 20.000 reses en unas 500.000 hectáreas, ubicadas entre 15 y 18 hatos del área geográfica señalada. Entre estos se cuentan los hatos expropiados por el régimen de Nicolás Maduro, Santa Elena y la Yaguita.
“Ahora, son fincas que están en el abandono, porque los propietarios han sido desplazados progresivamente por la inseguridad de ambos lados del río Capanaparo hasta llegar a Arauca, Colombia. Se está perdiendo la soberanía territorial y agroalimentaria del país. Cada día se siembra más el temor en los propietarios de las fincas, quienes están negados a vivir en zozobra, porque no pueden desarrollarse, expandirse ni conseguir mano de obra calificada (obreros, empleados o encargados), ante este ambiente de hostilidad”, manifiestan.
Agapapure y Fedenaga piden la intervención inmediata de Ejecutivo nacional con la puesta en marcha de políticas claras en materia de seguridad, en aras de garantizar la seguridad de los productores, la soberanía agroalimentaria y territorial del país.
Solicitan formalmente al Ministerio de la Defensa, como garante de la soberanía nacional, la instalación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Ejército Nacional (EJ) o de algún grupo especial de los organismos de seguridad para dar respuesta a los productores.
Ambas organizaciones gremiales estiman que durante los últimos años se ha dejado de producir cerca de 60.000 a 70.000 reses en la entidad llanera.
Este pronunciamiento se dio a conocer luego de innumerables reuniones con algunos de los productores afectados, los miembros del Consejo Comunal “Flores Verdes” y la comunidad de Laurecito.
Las bandas delictivas asesinaron en el año 2019 a tres empleados y robaron el ganado en el hato Tierra Grata en Capanaparo. Luego, en abril de 2020 en la finca Morichal de los hermanos Calzadilla, unos indígenas mataron al productor Claudio Calzadilla, en la comunidad indígena Vuelta Mala, municipio Achaguas en Apure, donde el joven al parecer fue a recuperar unos caballos robados por los aborígenes.
Doble negocio
Durante los últimos años, existe otro lucrativo negocio para el enriquecimiento de los grupos delictivos en zonas descalcificadas, como lo es la venta de cálculos biliares bovinos, un producto de alto costo que está presente en más del 60% de los animales existentes en la referida zona.
Se conoció que los delincuentes, ante la lejanía de los centros de consumo, prefieren matar a los animales para extraer las piedras biliares de las reses, cuyo valor es igual al de la carne de la vaca. Estos cálculos son usados en las industrias para la elaboración de medicinas y cosméticos.
Según el portal AgroNegocios, estas piedras, llamadas también el “oro bovino”, se pueden encontrar en la vesícula de los ejemplares ganaderos por razones como una alimentación desbalanceada, exceso de proteínas, poca hidratación, avanzada edad, entre otras causas relacionadas con la salud del animal, pueden llegar a costar en el mercado local hasta 50 millones de pesos colombianos por kilogramo, mientras que en países de Asia su valor puede ascender hasta 90 millones de pesos colombianos o su equivalente en 30.000 dólares.