El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció este lunes en la fiscalía donde se le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno.
Su esposa Lilia Paredes también había sido citada por el mismo caso en otra sede judicial pero a último momento su audiencia se suspendió, dijo su abogado.
Vestido con una casaca roja, Castillo se presentó en el Ministerio Público a las 08H05 (13H05 GMT), media hora antes de lo previsto, para responder ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa por supuesta obstrucción a la justicia a raíz de la fulminante destitución de su ministro del Interior el 20 de julio.
A diferencia de la última citación en la que se dirigió a pie desde el palacio presidencial, esta vez Castillo llegó a bordo de un vehículo oficial color negro.
Grupos pequeños de manifestantes a favor y en contra lo esperaban en la fiscalía. Sus simpatizantes lanzaron arengas contra el sistema judicial.
La fiscalía sospecha que con la abrupta salida del ministro del Interior, Mariano González, quien estuvo apenas dos semanas en su cargo, Castillo buscaba hacer abortar la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros del entorno presidencial prófugos de la justicia.
También se le interrogará sobre un supuesto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú.
En tanto la audiencia judicial de la primera dama Lilia Paredes, en la que la fiscalía iba a sustentar su pedido para prohibirle salir del país por 36 meses se suspendió a último momento por decisión del juez.
“Acaban de comunicarnos que la audiencia se acaba de suspender, va a notificarnos la nueva fecha. No sabemos porque se suspendió, mi patrocinada tenía toda la disposición (de acudir)”, dijo a la prensa el abogado Benji Espinoza.
A Lilia Paredes se le imputan los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la fiscalía.
“Fabrican cuentos e historietas”
“Cuando estamos coordinando para sacar adelante este país tenemos que estar citados a otros sitios (fiscalía) para ir a declarar cosas que se fabrican, historietas y cuentos”, afirmó recientemente Castillo en un intento por relativizar las investigaciones y el interés mediático que despiertan.
Castillo, de 52 años, ha declarado dos veces en la fiscalía: el 17 de junio por supuestos sobornos en contratos de obras públicas y el 4 de agosto por presuntos ascensos irregulares en las fuerzas armadas.
La primera dama, de 49 años, fue interrogada por la fiscalía el 8 de julio. Cinco días después acudió a una citación del Congreso, pero se negó a responder las preguntas por recomendación de su abogado.
Castillo niega cualquier delito de su familia y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Familiar en prisión
Yenifer Paredes, cuñada del mandatario izquierdista, cumple desde hace una semana 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima.
La cuñada es acusada de ser parte de la “organización criminal liderada por el señor presidente de la República”, según el fiscal Jorge García Juárez.
La encarcelada, quien tiene 26 años y considera a la pareja presidencial como sus padres porque la criaron desde pequeña, “es parte de esta red criminal como lobista o coordinadora”, asegura el fiscal.
En sus más de 13 meses en el poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el pertinaz asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia.
Ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte del Parlamento y la fiscalía no puede llevarlo a juicio hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026, pues tiene inmunidad.
Castillo enfrenta seis investigaciones de la fiscalía, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.
Las imputaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos expresidentes tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
AFP