Rafael Ramírez asegura ser chavista. Un auténtico chavista, un chavista de ley, fiel al fundador del movimiento, Hugo Chávez, y no a la versión que considera adulterada, descontrolada y violenta del gobierno que encabeza Nicolás Maduro.
Ramírez tuvo uno de los puestos más encumbrados del gobierno de Chávez (1999-2013), como ministro de Energía y Petróleo, así como presidente de la petrolera estatal Pdvsa, la gallina de los huevos de oro de la economía venezolana. También ocupó altos cargos bajo el gobierno de Maduro, aunque pasó de la gestión petrolera a la diplomacia.
Pero esta vez la relación fue diferente y terminaron enemistados: a fines de 2017 Ramírez huyó a Italia tras romper con Maduro y renunciar al puesto de embajador de Venezuela en la ONU, luego de haber expresado críticas públicas a la gestión económica.
Esa enemistad se fue potenciando y se volvió guerra abierta con el pedido de captura internacional emitido esta semana por el gobierno venezolano en su contra, acusado de un desfalco por 4850 millones de dólares cuando manejaba Pdvsa.
La línea de crédito habría sido cedida por la empresa Atlantic a los fondos extranjeros Violet Advisors S.A. y Welka Holding Limited, con sede en Panamá y San Vicente y las Granadinas, respectivamente, que habrían recibido los pagos entre 2012 y 2013.
Como prueba de las presuntas maniobras de Ramírez, el gobierno asegura que Víctor Aullar, detenido el martes pasado y quien fuera vicepresidente de Finanzas de Pdvsa en el momento del supuesto desfalco, “confesó” luego del arresto su participación y la de Ramírez en la trama de corrupción.
En diálogo desde Roma, donde tiene estatus de refugiado, Ramírez afirmó a LA NACION que la denuncia del régimen pretende frenar su candidatura a la presidencia, por la que se mostró recientemente interesado. Y devolvió el golpe acusando al gobierno de ser básicamente un entramado de represión y corrupción.
–¿A qué atribuye la acusación del gobierno?
–Lo que busca Maduro con esta reacción desproporcionada es una respuesta a la voluntad que expresé de candidatearme a la presidencia de la república. Está en el ambiente la posibilidad de que haya una alternativa chavista al desastre de Maduro, y mi nombre ha estado sonando. Lo hice en una entrevista que tuvo mucha resonancia y por la que me hicieron muchas propuestas y llamadas para encabezar movimientos. Entonces creo que el tema con este show, que no tiene ni pies ni cabeza, con esta maniobra política, es frenar mis posibilidades de participación en las próximas elecciones. En Pdvsa había muchos mecanismos de control, muchísimos, y todos se siguieron. Pero date cuenta que ahora diez años después yo anuncio mi candidatura y entonces estos sacan como unos magos un conejo del sombrero y dicen que aquí hubo un acto de corrupción.
–¿Qué pasó con esos 4850 millones de dólares por los que lo acusa el gobierno?
–Eso es mentira. Es una acusación falsa. Ellos dicen que ese dinero nunca se recibió, pero nuestras operaciones financieras están reflejadas en las auditorías de Pdvsa con KPMG. Es la segunda empresa más importante a nivel mundial de auditoría, una empresa internacional, y eso está reflejado en sus estados financieros. Pero el gobierno dice que es mentira porque KPMG es una empresa norteamericana. Ahora bien, una transnacional cuida su reputación y utiliza procedimientos internacionales. Pdvsa era la quinta empresa más importante del mundo. Teníamos socios internacionales del más alto nivel europeo, latinoamericano, norteamericano. Teníamos que tener todos nuestros números en orden, una gestión transparente frente a esos socios. Entonces lo que usa el gobierno como prueba, diez años después, es tomar a un exvicepresidente de Finanzas, lo meten preso, le ponen un mameluco naranja como el de [la prisión norteamericana en Cuba] Guantánamo y hacen que se declare culpable. Esa confesión no tiene validez, es ilegal, no solamente de acuerdo con nuestra Constitución sino con el derecho internacional de los derechos humanos.
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