“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”, afirmaba Víctor Hugo. Ha llegado el momento de reconocerle a la diáspora venezolana, su derecho fundamental de participar en las próximas decisiones políticas que la ciudadanía, libre y soberana, debe tomar próximamente, para recobrar su camino a la libertad, sin la intervención del régimen de Maduro ni de sus cómplices instituciones, quienes son precisamente, los verdugos y victimarios de su actual condición. Hacerlo es creativo, valiente, indispensable y justo en este momento.
Es innegable que el voto de los venezolanos migrantes tiene hoy su momentum y la notoriedad que hace indetenible a esta idea, nace del impulso que ha tomado en nuestra conciencia, que esos más de seis millones ochocientos mil (6.800.000) migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana que se han visto forzados a huir de su patria, por hambre, enfermedad, violencia y persecución política, para encontrar un espacio donde se respete su libre proyecto de vida, se han constituido en el mayor éxodo que haya tenido la humanidad en la época moderna, superando a Siria y Ucrania. Sus razones de opinar sobre el destino del país, son tan legitimas como las de quienes permanecemos en él.
Ellos, a quienes el régimen, les ha negado el uso de su identidad, negándoles la renovación de sus cédulas y pasaportes, así como la expedición de documentos que oficialmente demuestren la condición jurídica de sus hijos y familiares cercanos; persiguiéndolos en el exterior y hasta pagando mercenarios para amenazarlos y boicotear sus públicos actos políticos en favor de la democracia; son titulares de derechos políticos que no solo nuestro texto constitucional reserva con carácter de exclusividad a todos los ciudadanos venezolanos (artículo 62 y siguientes de la constitución vigente), estén donde estén; sino que adicionalmente, son derechos reconocidos universalmente por los principales tratados, declaraciones y convenciones de protección a los derechos humanos que hoy existen, entre los que podemos mencionar a la Carta Democrática Interamericana (arts. 2, 3 y 6); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aparte XX); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art, 21); y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25), entre otros.
Esta universalización del sufragio y de los derechos ciudadanos a la participación política, son el resultado de las derivaciones naturales que ha tenido históricamente, el continuo y progresivo reconocimiento que la civilización ha hecho, para elevar los derechos políticos de las personas (tales como el tener identidad y ejercer su ciudadanía) a la categoría de derecho humano fundamental, exigible y objeto de protección.
Negarles a los millones de migrantes venezolanos que se encuentran en el exterior su legítimo derecho a participar políticamente, es discriminarlos y consagrar la oscura existencia, en esta era de reivindicaciones en el campo de los derechos humanos, de un nuevo tipo de ciudadanos venezolanos: los de segunda categoría, aquellos que se han marchado del país. Que el régimen lo haga, es comprensible; pero que personas que se califiquen de demócratas lo sostengan, con los mismos argumentos técnicos del oficialismo, es inaudito.
Según los datos publicados por el CNE del régimen, existen en este momento registrados 101.600 venezolanos con derecho a sufragar, de los casi 5 millones que podrían hacerlo si el CNE habilitara el procedimiento de reconocer la nueva ubicación residencial que ellos poseen en el exterior. Todos sabemos que no existe disponibilidad ni interés alguno en hacerlo; así como no existe voluntad alguna del oficialismo, incluido dentro de ellos a la actual directiva del CNE, de levantar los obstáculos legales y las interpretaciones obsoletas que de la normativa electoral, restringen el derecho a la participación política de los venezolanos ubicados en el exterior, a quienes el gobierno de Maduro, les ha negado la regularización de su ciudadanía, por la inexistente emisión de documentación oficial que la demuestre.
Lograr hacer efectivo este reconocimiento es posible; y, además, viabilizar un mecanismo ágil y certero que, al margen de las instituciones del régimen, puedan hacer valer el reconocimiento público con validez internacional, de estos ciudadanos ubicados en el exterior, puede ser una realidad.
Para ello, debemos instar a la comunidad internacional, principalmente a los estados democráticos donde se encuentran el mayor número de venezolanos, especialmente a los más desasistidos (refugiados, asilados y en situación de abandono) a que debidamente asesorados por organismos internacionales, con experiencia y capacidad para garantizar los recursos técnicos, logísticos, institucionales y operativos, para establecer un mecanismo que haga efectiva la participación política de los venezolanos en el exterior, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el equipo electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA); o el equipo del Centro de Promoción y Asistencia Electoral (IIDH/CAPEL) entre otros. Este mecanismo permitiría, en primer lugar, el registro de estos casi 5 millones de venezolanos en capacidad de votar; y la regularización de su identidad y situación migratoria; y en definitiva, permitiría, sin el control oficial de las instituciones del régimen, su participación política, pudiendo ellos manifestar, mediante un mecanismo libre, universal, directo y secreto, su voluntad sobre el destino político de Venezuela, en especial, la escogencia de una nueva dirigencia opositora, que asuma una estrategia de fuerza, para desalojar al régimen de Maduro.