Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Venezuela fueron anunciadas como un instrumento muy importante para superar las carencias del país. Como siempre suele ocurrir con el gobierno la idea se exhibe como novedosa y, como consecuencia de tal virtud, los venezolanos deberán ofrecer ingentes loas a sus proponentes.
– Lo cierto es que el gobierno no nos presenta una idea nueva. Ya desde finales del siglo pasado tuvimos en el país experiencias de esa naturaleza:
– Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, ubicado en el municipio Carirubana del estado Falcón, constituida el 6 de junio de 1973 y ampliada a zona comercial y de servicios, mediante Decreto Nro. 1.807, de fecha 23 de abril de 1997.
– El 14 de agosto de 1998 se decretó la Ley de Creación y Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, Estado Falcón
– El 6 de noviembre de 1974 se decretó el Puerto Libre en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, siendo publicada el 03 de agosto de 2000.
– El Puerto Libre de Santa Elena de Uairén se decretó el 13 de enero de 1999, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
– La Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida se decretó el 14 de julio de 1995 comprendiendo los municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y Santos Marquina.
– El 20 de noviembre de 1996 se crea la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT), en el municipio San Francisco, en el área metropolitana de la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia.
Algunas de ellas muy conocidas y otras pasaron desapercibidas para el común de los venezolanos. Así mismo, se podría señalar que el éxito de las más conocidas, con base a los objetivos declarados en su creación, fue o es bastante precario.
Renovando viejas iniciativas
Luego de la aprobación de la Ley que regirá todo lo relativo a las ZEE, específicamente el 20 de julio de 2022 y publicada en la Gaceta Oficial No. 6.710, se procedió a decretar 5 zonas económicas: en el estado Falcón, en Paraguaná; en Puerto Cabello y Morón del estado Carabobo; en el estado La Guaira; en la Isla de Margarita y en la despoblada Isla de La Tortuga. Junto al establecimiento de las ZEE se designó el 27 de julio del presente año Johan Álvarez Márquez, como superintendente nacional.
Desde hace algún tiempo se viene escribiendo sobre la iniciativa que había anunciado el gobierno y alertando sobre el conjunto de medidas a adoptar para que la idea gubernamental impactara positivamente en la economía venezolana. Algunos han señalado que estas medidas instrumentadas aisladamente correrían un destino incierto. En Notas sobre la Economía Venezolana de Juan Guevara se establece que: “las ZEE han de formar parte de una política económica de aplicación nacional, donde destaquen la cambiaria, comercial, tributaria e industrial. En lo que a esta última concierne, el Estado Venezolano debe diseñar, primeramente, su política industrial de cobertura nacional, para luego identificar donde y bajo qué argumentos promueve la creación de ZEE.”
Muestra nuevamente el gobierno inocultables signos de improvisación en el diseño de políticas. Hasta la fecha y en consonancia con la propia ley han debido elaborarse y dado al conocimiento público una serie de reglamentos que se derivan de la ley que crea las ZEE, sin embargo, la mora en esa materia es obvia. Más aun, la propia Ley establece que las ZEE aprobadas antes de la promulgación de la actual ley “deberán ser evaluadas por el Ejecutivo Nacional a los fines de determinar su viabilidad y, de ser el caso, suprimirlas o adaptarlas, mediante sucesivos decretos…” Pues bien, nada de eso ha ocurrido.
No es Venezuela el único país que ha establecido ZEE, cerca de 5000 de ellas aparecen distribuidas en el mundo, de tal modo que si no se ofrecen medidas atractivas para la inversión extranjera y se plasman de manera inmediata reglas claras, estaremos frente a un nuevo “elefante blanco”.