La mano larga de María Rubí gira dentro de las habitaciones de su apartamento como la aguja de una brújula humana. Va señalando, durante una especie de excursión bajo techo, cosas que la indignan.
En el baño, la mano apunta a una tina salpicada de óxido y parches negruzcos de moho sobre las paredes. En la cocina, al falso techo de cristales rotos. En su dormitorio, al soplido negro de un aire acondicionado central que, dice, los propietarios no limpian con regularidad.
“En 25 años que llevo viviendo aquí nunca se han hecho mejoras”, se queja Rubí, de 58 años y origen nicaragüense. “Me cambiaron un refrigerador viejo y me mandaron otro viejo. Nadie viene a ver cómo están los apartamentos y la encargada del edificio no nos contesta el teléfono”.
En un apartamento contiguo, Yudet Pérez y Denio Sierra, una pareja cubana, hace un recorrido similar por paisajes de moho y manchas amarillentas de filtración que desprenden del techo virutas de pintura como lluvia sólida.
En su dormitorio, Pérez, de 46 años, señala una hendija de luz pegada al suelo y dice con resignación: “Por ese hueco me han entrado hasta cucarachas”.
Y en una unidad de la planta superior, Carmen Cuzcano, una peruana de 53 años, describe las reparaciones que ella y su familia han hecho para mejorar las condiciones en que viven. “Es mi esposo quien me ha ayudado a que se vea bonito”, se refiere a la pintura blanca de la sala-comedor. “También cambié el fregadero y he puesto otras cosas, pero de mi propio bolsillo”.
El edificio donde viven las tres familias —un cajón rectangular de dos pisos, 20 apartamentos y ese color amarillo ocre que define la geografía habitacional de Hialeah, una de las ciudades de más vertiginoso crecimiento en el condado de Miami-Dade, Florida— está lejos de ofrecer comodidades a sus residentes. Decenas de inquilinos, dice María Rubí, tienen incluso que disputarse la única lavadora del inmueble.
Por eso reaccionaron con agravio cuando, en la Navidad de 2021, la inmobiliaria miamense Eco Stone Group, la nueva propietaria del edificio, les informó que el año nuevo arrancaría con un aumento de $600 en el costo del alquiler. La compañía, que rechazó varias peticiones de comentarios de Noticias Telemundo, dijo a los residentes que la subida del 57% respondía a “una revisión de los ingresos y gastos de la propiedad”.
Frente a las cámaras de televisión local, los inquilinos protestaron en el estacionamiento del edificio con pancartas en las que se leían demandas como “¡Detengan el abusivo aumento de la renta, todavía estamos en una pandemia!”. Pero la inmobiliaria no cedió con ninguna de las familias entrevistadas por Noticias Telemundo ni estaba legalmente obligada a hacerlo: solo cinco estados y Washington D.C. tienen leyes de control de alquiler en Estados Unidos y Florida no es uno de ellos.
Terminaron por aceptar la nueva cuota de $1,650 para permanecer en apartamentos que, según Yudet Pérez, “no los valen”. Algunos como ella han buscado otras alternativas durante semanas, solo para chocar con un mercado de limitadas opciones, igual de costosas o más.
Hasta el cierre de este reportaje las tres familias que hablaron con Noticias Telemundo habían recibido cartas de desalojo, que todas consideran como represalia por hacer denuncias en la prensa. La inmobiliaria Eco Stone Group declinó responder a esta acusación. Y el antiguo dueño del edificio, un doctor local identificado como Manuel Iribar, tampoco respondió dos llamadas para obtener comentarios sobre el estado de los apartamentos.
Yudet Pérez y Denio Sierra han vivido allí por cinco años, Carmen Cuzcano por 21 y María Rubí por 25.
“Capital” de lo cool, pero “epicentro” de la crisis
La Administración de Joe Biden confirmó a finales de junio lo que los reportes de las principales empresas de bienes raíces venían describiendo durante meses consecutivos: quienes viven en Miami —la vibrante metrópoli latina que la revista Time bautizó en 2022 como “capital de lo cool”— enfrentan actualmente el mayor reto para acceder a la vivienda en todo Estados Unidos.
“Decidí venir a Miami, el epicentro de la crisis de vivienda en este país”, sentenció Marcia Fudge, secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, durante una visita al condado de Miami-Dade, el más numeroso de Florida y donde casi el 70% de quienes viven se identifican como hispanos. “Es una pena que las personas que trabajan duro todos los días no puedan permitirse vivir en las comunidades en las que trabajan”.
A su lado, la alcaldesa Daniella Levine Cava escuchó a Fudge exhortar a los funcionarios locales a construir más vivienda asequible, una falla que, según expertos, Miami lleva más de medio siglo tratando de corregir sin éxito y que, particularmente en los últimos meses, ha puesto a muchos residentes contra las cuerdas.
Los precios récord, un alud de desalojos y las protestas de inquilinos frente a la sede del Gobierno local llevaron a la alcaldesa a anunciar en abril medidas de emergencia para declarar a Miami bajo una crisis de asequibilidad que analistas atribuyen a un licuado de causas históricas, como la falta de inventario; y otras recientes, como la inflación y la migración interna durante la pandemia.
La alcaldesa destinó 13 millones de dólares adicionales en ayuda para pagar la renta, firmó la primera Carta de Derechos del Inquilino (que exige a los propietarios notificar aumentos superiores al 5% con un mínimo de dos meses de antelación) y anunció un programa público-privado que busca construir hasta 32,000 viviendas asequibles para 2025, una cantidad que Levine Cava llamó “histórica” en entrevista con Noticias Telemundo.
Según los entrevistados en el edificio de Hialeah, la ayuda debía expirar en agosto, dejándolos justo como estaban al inicio.
La Carta de Derechos, explica el abogado Fausto A. Rosales, especializado en bienes raíces, “lo único que hace es dar más tiempo al inquilino para reunir el dinero y mudarse, pero no resuelve lo más importante: las rentas están sumamente costosas”.
Y el programa para desarrollar vivienda, dice Ned Murray, experto en desarrollo urbano y director asociado del Centro Metropolitano Jorge M. Pérez de la Universidad Internacional de Florida, carece de visión a largo plazo para “resolver de manera seria una crisis de asequibilidad sin precedentes, con nefastas consecuencias que aún están por verse”.
Un “pueblito de campo” convertido en vibrante metrópoli
Miami es una ciudad asentada en la conciencia colectiva como un paraíso de sol y playa. Pero muchos de sus residentes dicen vivir agobiados por el vertiginoso aumento del costo de la vivienda y sin tiempo ni recursos para disfrutar de sus maravillas tropicales.
Durante los últimos dos meses, Noticias Telemundo entrevistó a ocho familias latinas que luchan por un techo luego de enfrentar, en algunos casos, incrementos de renta superiores al 50%.
Algunas familias han sido desalojadas y viven temporalmente en hoteles con niños. Otras no han visto más remedio que unirse en grupos y vivir hacinadas para compartir gastos. La mayoría tiene empleo y muchas son profesionales con diplomas universitarios.
“Este espacio está bien para una pareja, pero no para siete personas”, se lamenta Mayde, una venezolana indocumentada de 53 años que prefiere no usar su apellido, mientras sirve una sopa de pollo en la cocinita de un pequeño estudio en Coral Gables, a unas siete millas del centro de Miami. Cadera con cadera, su nuera sirve otro plato junto a ella. Allí y en el baño dos personas no pueden coincidir sin rozarse.
“A nosotros los venezolanos nos gusta cocinar en multitud: uno lava los corotos, otro amasa, otro hace las arepas. Pero aquí no es posible”, dice. “Uno no puede abrir la regadera si otro está abriendo la nevera”.
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