Un organismo de control del gobierno de EEUU dijo que los beneficios por desempleo fraudulentos pagados durante la pandemia podrían ascender a hasta USD 45.600 mil millones, mucho más que las estimaciones anteriores.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EEUU dijo el jueves que acusó a más de 1.000 personas de fraude por reclamar el seguro de desempleo (UI) al que no tenían derecho.
“Este hito de 1.000 personas acusadas de delitos que involucran fraude de UI y la identificación de USD 45,6 mil millones en pagos de UI potencialmente fraudulentos destaca la magnitud de este problema”, dijo el Inspector General Larry D. Turner en un comunicado.
Los estafadores pueden haber tomado los fondos solicitando beneficios de desempleo en varios estados, con correos electrónicos sospechosos o usando la identidad de personas fallecidas o prisioneros federales, dijo la OIG en su último informe.
“Cientos de miles de millones en fondos pandémicos atrajeron a estafadores que buscaban explotar el programa de UI, lo que resultó en niveles históricos de fraude y otros pagos indebidos”, dijo Turner.
El fraude potencial duró desde marzo de 2020 hasta abril de 2022, pero a pesar de las repetidas advertencias sobre los problemas a la Administración de Empleo y Capacitación del departamento, “a la fecha de este memorando de alerta, ETA no ha tomado las medidas suficientes para implementar estas recomendaciones”, dice el informe. dijo
La “falta de acción suficiente de ETA aumenta significativamente el riesgo de aún más pagos de UI a reclamantes no elegibles”.
Al comienzo de la pandemia, el Congreso implementó programas masivos de ayuda financiera que brindaron mayores beneficios para decenas de millones de trabajadores que habían sido despedidos.
Los funcionarios en ese momento reconocieron que algunos de los programas podrían tener fallas, pero enfatizaron la necesidad de distribuir la ayuda rápidamente.
El informe dice que los programas presentan “un objetivo de alto valor” para que los grupos criminales exploten.
En una carta a la OIG incluida en el informe, ETA dijo que está “comprometida a continuar sus esfuerzos” para identificar y combatir “los nuevos tipos de fraude sofisticado que cambian continuamente”.
También expuso los pasos que ha tomado en respuesta a las advertencias anteriores del organismo de control, pero se opuso a algunos de los cargos del informe, incluida la observación de que los trabajadores pueden presentar reclamos en varios estados con algunos límites.
Video: Reporta, Sofia Pisani, Voz de América, desde Washington
