La misión de la ONU para Venezuela, que hoy presentó su informe sobre abusos en cárceles de la inteligencia venezolana, subrayó a Efe que si la Justicia de ese país no investiga a los dirigentes señalados por el documento, ese rol podría recaer en instrumentos como la Corte Penal Internacional (CPI).
“Nuestra recomendación es que tanto el Ministerio Público venezolano como el Poder Judicial cumplan con sus obligaciones e investiguen a las personas que seleccionamos en este informe, y si ellos no lo hacen la Corte Penal Internacional puede cumplir ese rol”, destacó el chileno Francisco Cox, miembro de la misión.
También podrían asumir ese papel países con jurisdicción internacional, si lo solicitan las víctimas, destacó Cox después de que la Misión Internacional Independiente para Venezuela presentara el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe acusa a los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela (el Sebin y la Dgcim, respectivamente) de cometer crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, ordenados o supervisados al más alto nivel, que incluye al presidente Nicolás Maduro.
“Personas que están en los más altos niveles políticos del país, y esto incluye al presidente Maduro y cercanos a él, han tenido un rol muy importante en la política de represión de voces disidentes, y en ocasiones han dado órdenes sobre quiénes deberían ser vigilados y detenidos”, destacó a Efe Marta Valiñas, presidenta de la misión.
La argentina Patricia Tapattá, que completa la misión tripartita, añadió que “la contundencia de la información publicada no pasará desapercibida para la comunidad internacional”, por lo que espera que el Consejo de Derechos Humanos renueve por dos años más el mandato de investigación, que en caso contrario expira este mes.
“Para las víctimas y la sociedad civil sería lamentable una no renovación (…), pues somos ya casi la única instancia que publicita detalladamente cuáles son las violaciones y quiénes son responsables de éstas”, añadió Cox.
El documento señala entre los responsables de los abusos en los centros de detención de la inteligencia venezolana al actual director general del Sebin, Gustavo Enrique González, al director del Helicoide (principal centro de detención) entre 2014 y 2018, Carlos Alberto Calderón, y a su número dos en ese periodo, Ronny González.
En el caso de la Dgcim se responsabiliza al director general Iván Rafael Hernández y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo: Rafael Antonio Franco, Hannover Esteban Guerrero y Alexander Enrique Granko.
“La represión no se ha detenido, las torturas se siguen ocultando y aún hay personas detenidas en el Helicoide o en Boleíta a pesar de los decretos que decían que debían ser trasladados al sistema penitenciario”, denunció a Efe Tapattá. EFE