La Policía Nacional logró la captura de una pareja en la ciudad de Valledupar, quienes utilizaban a sus siete hijos para pedir dinero en las calles de la ciudad. Aunque pedir limosna en las calles se ha convertido en una salida de aquellas personas que no encuentran trabajo y se ven obligados a acudir a la limosna, lo cierto es que en este caso los padres de familia estaban explotando a los menores para vivir a partir de esto.
Por Infobae
Según conocieron las autoridades, la pareja establecía tarifas a cada uno de sus hijos, un valor de dinero con el que tenían que volver a casa después de recorrer las calles pidiendo ayuda económica a las personas con las que se cruzaban. Lo peor del caso no es que los padres sometieran a sus hijos a este tipo de explotación infantil, sino que además si los menores no cumplían con su meta eran sometidos a crueles castigos.
“Según informe recibido, los menores eran utilizados por su padre biológico para explotación laboral infantil, al establecerles cuotas variables durante todos los días de la semana”, se establece en el comunicado que publicó la Fiscalía al informar que la pareja fue condenada por estos actos.
En el documento, detallaron que los menores eran víctimas de maltrato físico, verbal y psicológico, en caso de no cumplir con la cuota que les era exigida por sus progenitores. Algunos de los castigos que se conocieron y que fueron revelados por la Fiscalía eran “dormir de pies, hasta golpes con elementos contundentes como palos, cables y mangueras, toda esta situación frente a los ojos indiferentes de su madre biológica”.
Luego de poder comprobar la situación, las autoridades intervinieron y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también prosiguió a restablecer los derechos de los siete menores de edad. La pareja fue capturada y la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de violencia intrafamiliar agravada y explotación de menores de edad. Tras analizar el caso y las pruebas entregadas, un juez con funciones de control de garantías cobijó a la mujer y el hombre con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Mientras avanza la judicialización de los padres, los siete niños quedaron bajo la protección del ICBF, en donde permanecerán para su cuidado y el restablecimiento de derechos. Al respecto, en diálogo con el diario El Heraldo el director del ICBF en el Cesar, Gabriel Castilla Castillo detalló que la labor en este caso “ha sido un trabajo articulado con la Fiscalía, en este caso, desde Icbf obramos con toda la mesura pensando en la protección de los niños, por ello, una vez se surte el proceso de garantía de derechos de los cuatro menores con el equipo de Defensoría de Familia, se da la captura de estos padres”.
Las autoridades detallaron que los dos adultos, que se quedaban en casa y solo estaban pendientes de que los menores cumpliran a cabalidad con las cuotas que le colocaban, eran de nacionalidad extranjera y utilizaban a sus propios hijos para la mendicidad.
En su conversación con el diario regional, el director del ICBF en el Cesar detalló que “se consideró desde la Defensoría de Familia de ICBF que era sumamente necesario avanzar en la protección de los menores, mientras eran emitidas las órdenes de captura por parte de la autoridad; una vez conocimos el caso, se designó el equipo de Defensoría de Familia para realizar valoraciones iniciales y se abrieron los Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos en favor de los niños que fueron ubicados en instituciones de protección”.
Las autoridades del Cesar y a nivel nacional invitaron a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato infantil o explotación de los menores a los canales de la Policía Nacional.