La Fiscalía General de la dictadura de Cuba aseguró el último viernes que está investigando las recientes protestas en el país -principalmente por los graves apagones- y amenazó a quienes hayan participado en las manifestaciones con que “recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda”.
En un comunicado en el que no se cifra el número de investigaciones abiertas o sospechosos, la Fiscalía aseguró que se están estudiando presuntos delitos “relacionados con el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden y la incitación a la violencia”.
También asegura que están estudiando medidas contra “los padres que utilizaron a hijos menores de edad, colocándolos en escenarios de riesgo, descuidando sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos”.
En relación a las protestas, el comunicado asegura que se trata de “hechos que perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana”.
La Fiscalía General del régimen dijo que a los imputados “se les asegura el respeto de sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso” y subraya que ejercerá su encargo constitucional “en el marco de la legalidad, la protección de los intereses del Estado y los derechos de todos los ciudadanos”.
CRISIS ENERGÉTICA
El agravamiento de la crisis energética que sufre el país tras el paso del huracán Ian a finales de septiembre ha provocado continuos y prolongados apagones en todo el territorio nacional.
Algunos barrios de La Habana estuvieron hasta seis días consecutivos sin corriente tras el huracán. Los apagones alcanzan las doce horas en algunos puntos del país. Está previsto que en el horario de mayor demanda de este viernes, a primera hora de la noche, un 40 % de Cuba no tenga suministro.
Esta situación ha generado malestar social, que se ha reflejado en una miríada de protestas por todo el país. El medio independiente Proyecto Inventario ha registrado alrededor del centenar en los últimos quince días con base a testimonios y videos difundidos en redes sociales.
Estas protestas -de manifestaciones a sentadas, pasando por cortes de calles y cacerolazos- son eminentemente pacíficas, muchas veces con familias enteras caminando, en grupos que pueden ir de varias decenas hasta unos pocos centenares. La principal reivindicación es la reposición de la corriente, pero también se oyen gritos de “¡Libertad!” y contra el régimen.
Cerca de la mitad de las protestas han tenido lugar en La Habana, donde también se han concentrado la mayor parte de las 30 detenciones que han contabilizado grupos de activistas.
ONG han denunciado el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales y anunciado que pronto comenzarán algunos procesos penales por atestado directo para los arrestados, a los que advertían que se iba a acusar de los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Las autoridades del país ya habían indicado que se comprendía el malestar por los apagones, pero que no se iban a tolerar conductas que consideraban delictivas.
Los cortes en el suministro eléctrico son uno de los elementos más sensibles de la crisis multifacética que sufre Cuba, así como uno de los principales motivos tras las protestas contra el Gobierno del 11 de julio del año pasado, las mayores en décadas.
Según la ONG Cubalex y el colectivo Justicia 11J, tras estas protestas se han practicado más de 1.500 y se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.
Con información de EFE