La eliminación de Consejerías en el Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia significó el entierro silencioso de la Gerencia de Fronteras, entidad que atendió la migración venezolana.
Por SEMANA
Durante el gobierno Santos, se concentró en la atención humanitaria y el gobierno Duque consolidó la regularización con el Estatuto Temporal de Protección a Venezolanos.
El reto de la administración Petro es apostar por la integración de los migrantes, pero comenzó con el pie izquierdo, eliminando la Gerencia de Fronteras y creando una oficina a cargo de la Cancillería.
El proyecto de ley en que se crea el Ministerio de la Igualdad contempla que los migrantes son uno de los 10 grupos de atención a cargo de una entidad cuyo despegue está en veremos.
Eso en la práctica significa un limbo absoluto para 2,47 millones de personas venidas del vecino país. “Hay un vacío institucional que está generando un efecto nocivo y ese efecto es que hoy los venezolanos no tienen certeza de la materialización de la regularización a través del Estatuto”, asegura Ronal Rodríguez, del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario.
La Gerencia de Fronteras era el vaso comunicante entre el gobierno central, los departamentos, las alcaldías y los cooperantes e implementaba la integración de los venezolanos como una fuerza productiva y social para el país.
Su eliminación frenó en seco el proceso, y el paso de sus funciones a una oficina a cargo de la Cancillería, genera más dudas que certezas.
“Cancillería no tiene esas capacidades, es muy poco probable que una viceministra pueda coordinar a los ministros para dar respuesta a todas estas temáticas cuando es una responsabilidad del Estado colombiano, que venía desarrollando la Gerencia de Fronteras”, explica Rodríguez.
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