En Venezuela, desde el 2015, once personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
Por Carolina Alcalde / vozdeamerica.com
La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”, exponen defensores de derechos fundamentales.
Gonzalo Himiob, director-vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona muera bajo custodia del Estado, sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
“La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido en una regla sistemática, muchas veces conduce a estos desenlaces fatales. Esto le suma más ignominia a una prisión que ya de por sí misma es bastante arbitraria”, comentó Himiob consultado por Voz de América.
Los casos registrados en Venezuela han sido monitoreados y expuestos por instancias internacionales, entre ellas la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH).
Incluso, familiares de las víctimas, a través de diversos medios, se han dirigido al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que abrió una investigación contra el Estado por presuntos delitos de lesa humanidad.
El más reciente informe de la FFM concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
La justicia venezolana inició una serie de reformas en el sistema de justicia y ha reportado “avances” en materia de DDHH, pero para los activistas, en el país “no hay tribunales ni imparciales ni independientes” y solo se busca “eludir” la competencia de la CPI.
A continuación, los casos de las 11 personas que han muerto bajo custodia del Estado venezolano en los últimos siete años.
El 12 de marzo de 2015, Rodolfo Pedro González murió en la celda que ocupaba en “La Tumba”, como se conoce a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.
González, apodado por el gobierno como “el aviador”, fue capitán de aviación comercial y era propietario de una agencia de viajes, y fue hallado muerto en su celda. Versiones coinciden en que se habría suicidado después de ser objeto de tortura psicológica y amenazado con ser trasladado a una cárcel de alta peligrosidad.
Fue detenido en abril de 2014 y acusado de los delitos de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
El entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, sancionado por EEUU por violaciones a los DDHH y hoy detenido por “atentar contra la patria”, señaló a González, de 63 años, como “articulador logístico” de las manifestaciones antigubernamentales de 2014.
Carlos Andrés García era concejal de Guasdualito, en el estado Apure. Fue detenido el 17 de diciembre de 2016 después de que las autoridades le incautaran una suma “sospechosa” de dinero en efectivo y acusado de instigación pública y saqueos registrados en el contexto de manifestaciones en esa población.
El político, que aseguró ser inocente, murió el 17 de septiembre de 2017 en una sede regional del SEBIN tras presentar un accidente cerebrovascular. El partido Primero Justicia responsabilizó al Estado por su muerte y denunció que no se le dio la atención medica que requería. De acuerdo con la organización política, el concejal sufría de depresión y no recibió atención.
“Solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”, aseguró PJ en un comunicado.
El Tribunal Supremo de Justicia defendió que el concejal sí recibió la debida atención médica, y afirmó que presentaba “presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente” que “pudo haber producido complicaciones”. Además, pidió a la oposición “abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas”.
Fue un teniente del Ejército Nacional detenido el 30 de marzo de 2017, señalado de conspiración contra el Estado,
Murió el 30 de noviembre de 2017, a los 28 años, tras recibir dos disparos, uno en una pierna y el otro en el abdomen, durante un presunto intento de fuga cuando, junto a otros prisioneros, era trasladado de la cárcel militar de Ramo Verde a tribunales militares.
Fue un concejal del partido Primero Justicia detenido el 5 de octubre de octubre de 2018. Murió 3 días después, el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba en custodia de agentes del SEBIN, en “la Tumba”, en Caracas.
Las primeras versiones de las autoridades fueron contradictorias y apuntaban a que Albán se quitó la vida al lanzarse al vacío desde el décimo piso del SEBIN, pero, posteriormente el fiscal Tarek William Saab reconoció que se trató de un asesinato.
Albán fue señalado de estar involucrado con el atentado contra Maduro en 2018.
Fue un ex ministro de Petróleo y ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) detenido el 30 de noviembre de 2017 y señalado de estar involucrado en hechos de corrupción dentro PDVSA, específicamente por irregularidades en la refinanciación de la deuda con Citgo, filial de la estatal venezolana en EEUU.
Murió por “complicaciones de salud” el 12 de diciembre de 2018, un día después de que un tribunal ordenó su traslado al Hospital Militar, “cuando el deterioro de su salud era irreversible”, de acuerdo con Foro Penal.
Según el Ministerio Público, “recibió tratamiento y atención médica requerida en un centro de salud donde permanecía internado”.
Rafael Acosta Arévalo fue un capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional (FAN), detenido forzosamente el 21 de junio de 2019 por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por supuestamente participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra Maduro.
Defensores de derechos fundamentales denunciaron que el capitán Acosta fue trasladado a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura (fractura de tabique nasal, costillas fracturadas, fractura en pie, hematomas en muslos y escoriación en codos). De acuerdo con la versión, no hablaba, pero pedía auxilio a su abogado y el juez ordenó trasladarlo a un centro asistencial, donde falleció en el 29 de junio de 2019.
Dos funcionarios de la DGCIM fueron sentenciados a 30 años de prisión por el asesinato de Acosta Arévalo, sin embargo, distintas instancias, entre ellas la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela insisten en la necesidad de que sean investigadas y juzgadas las cadenas de mando.
Jiménez fue un estudiante de 20 años detenido el 7 de septiembre de 2017 y acusado de terrorismo, instigación pública y posesión de artefactos incendiarios, tras participar en protestas antigubernamentales en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
El joven falleció el 5 de febrero de 2019 tras presentar una “hemorragia con deshidratación y evacuaciones liquidas”. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dos semanas antes de morir, Jiménez se comunicó con sus familiares para informarles que presentaba fiebre y pidió medicamentos y alimentos.
Fue un productor ganadero detenido el 29 de agosto de 2019 por funcionarios de la DGCIM, acusado de estar involucrado en un “plan terrorista” contra el Palacio de Justicia y la sede de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
Falleció el 14 de agosto de 2020 por varias complicaciones médicas, entre ellas cardiopatía isquémica con revascularización, insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial severa.
Fue un indígena de la etnia pemón que trabajaba como artesano y guía turístico. Fue detenido el 30 de diciembre del 2019, acusado de estar vinculado con el asalto y la sustracción de armamento de una instalación militar en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.
Aunque en noviembre del 2020 un tribunal ordenó trasladarlo para que fuera sometido a una revisión médica, Franco nunca fue atendido. Murió en el Internado Judicial Rodeo II, cerca de Caracas, el 3 de enero de 2021, por desnutrición, choque séptico y edema cerebral asociado a tuberculosis. Las causas de la muerte figuran en su certificado de defunción y la información fue divulgada por Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.
Fue un policía y funcionario del FAES detenido el 24 de abril de 2020 por, presuntamente, planear secuestrar a Diosdado Cabello, parlamentario chavista y uno de los hombres clave del gobierno. Estaba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo “Nelson Mandela”, en Monagas.
Fue acusado de organización de cuerpos armados, tráfico de armas y traición a la patria. Según Foro Penal, a pesar de estar enfermo, no se ordenaba su traslado a un centro hospitalario.
Falleció de un paro respiratorio por neumonía el 29 de agosto de 2021, el mismo día en el que fue movilizado a un centro de salud, tras varios días de llamado de auxilio y presión de sus compañeros de celda.
Fue un general y ex ministro de la Defensa disidente del chavismo, que estaba detenido en el SEBIN (la Tumba), en Caracas. El militar rompió con el gobierno del expresidente Hugo Chávez cuando en 2007 llamó a votar contra la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida. En el pasado, Baduel había sido homenajeado por haber “rescatado” a Chávez tras el golpe de Estado de 2002.
Baduel fue detenido en 2009 y sentenciado a más de 8 años de cárcel, acusado de varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. En 2015 salió de la cárcel, pero volvió en 2017 por presuntamente haber violado su libertad condicional y posteriormente se le imputaron nuevos delitos. Defensores de derechos fundamentales insisten en que su encarcelamiento fue por “motivaciones políticas”.
Murió el 12 de octubre de 2021, según el Ministerio Público (MP), de un paro “cardiorrespiratorio producto del COVID-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna”.
Sin embargo, sus familiares dudan de la versión y consideran necesaria una exhumación “realizada de acuerdo a los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Minnesota”.