Los líos judiciales de Piedad Córdoba, senadora del Pacto Histórico, no dan tregua y su situación es cada vez más complicada. SEMANA tiene en su poder un explosivo documento con el que la Fiscalía le pide a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de Instrucción, que la investigue por lavado de activos.
Se trata de un proceso nuevo, diferente a los que ya tienen a la senadora en el banquillo de procesados ante la Corte Suprema. El origen tiene que ver con millonarios negocios de empresarios dedicados al negocio de textiles, quienes en amplias declaraciones ante la Fiscalía revelaron cómo, para lograr concretar pagos en Venezuela, había una ficha clave y le tuvieron que pagar jugosas comisiones: Piedad Córdoba.
El documento enviado por la Fiscalía no deja dudas y señala que dos testigos salpicaron a Córdoba con este delito cuando, al parecer, aprovechando su muy estrecha relación con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se había convertido en intermediaria en los negocios, en este caso de textiles, por jugosas comisiones.
En el documento enviado a la Corte, la Fiscalía sustenta el porqué del nuevo proceso. “Encontrándose este despacho, efectuando el análisis pertinente para la audiencia preparatoria que se viene adelantando ante el Juzgado 4 Penal del Circuito, en contra del señor Alberto Aroch y otros, por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, se advierte la obligación de compulsar copias ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema, para que se investigue la conducta de la senadora Piedad Córdoba, en el marco que la ubican los testigos Salomón Bendayan e Isaac Pérez Guberek, como una de las personas que, al parecer, participó en el lavado de activos por el cual fue acusado el precitado señor y su grupo de colaboradores”, señala el documento.
Se trata del juicio contra el empresario Aby Aroch, quien dice la Fiscalía, “desarrolló un esquema de triangulación para el ingreso multimillonario de dinero a Colombia, mediante la utilización de empresas fachada en Hong Kong (China), Venezuela y Estados Unidos, con el propósito de dar la apariencia de legalidad de operaciones económicas normales por importación y exportación de productos textiles”.
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