“Nosotros creemos que lograr la paz y seguir avanzando en la paz de Colombia es importante, pero consideramos que la paz en Colombia debe implicar la paz en la frontera venezolana, porque desde hace años hemos tenido la presencia de grupos irregulares en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas”.
Anggy Polanco // Corresponsalía lapatilla.com
Así lo expresó Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de la organización de derechos humanos Provea, en conjunto con el coordinador de la Fundación del Amparo, Walter Márquez, a propósito de los diálogos entre el gobierno colombiano con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, con la mediación y colaboración del régimen de Nicolás Maduro.
Alvarado destacó que cualquier conversación con el ELN debe implicar la salida de este grupo guerrillero del territorio venezolano, lo que ha venido causando el desplazamiento de pueblos indígenas, afectando a poblaciones rurales, y la generación de hechos de violencia en la zona fronteriza.
Refirió que tanto Petro como Maduro deben incluir en la agenda, la salida de las fuerzas irregulares del territorio venezolano.
Apertura de frontera sin impunidad
Walter Márquez, defensor de los derechos humanos y representante de la Fundación El Amparo, exigió que se abra totalmente la frontera, pero con cero impunidad.
Dijo que, a pesar de que Gustavo Petro estuvo Caracas reunido con Nicolás Maduro, para nada recordaron los sucesos que se dieron tras el cierre de frontera el 19 de agosto de 2015, cuando hubo un desplazamiento y deportaciones forzosas de más de 24.000 colombianos, que son víctimas de la represión de Maduro.
Márquez recordó que en marzo de 2021 ocurrieron ataques a la población civil, así como confrontación entre las fuerzas armadas venezolanas y la guerrilla colombiana, lo que ocasionó la masacre de El Ripial, donde fallecieron cinco civiles, ajusticiados por las Faes (Fuerzas de Acciones Especiales), y el 23 de abril cuando ocurrió la masacre de La Capilla, donde asesinaron a 8 militares y secuestraron a otros 8 uniformados.
“Frente a esa situación, exigimos al Ministerio Público la investigación total de estos hechos que están paralizados y no hay una sola investigación hasta el momento. Solamente se anunció la investigación de la masacre de El Ripial y el expediente se llevó a Caracas, y desde hace año y medio está totalmente silenciado”, aseveró.
El presidente de la Fundación El Amparo declaró que celebran que la frontera sea abierta y que Venezuela vuelva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al sistema de la Comunidad Andina (CAN), pero sin impunidad.
“Exigimos justicia para que haya apertura total. Tiene que haber justicia total en la frontera, porque el presidente Petro vino a abrazarse con Maduro, pero se le olvidó defender a las víctimas colombianas de la represión del régimen”.
