La Asociación Civil Súmate solicitó al directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) acceso al presupuesto de 2023 que debió presentar ante la Asamblea Nacional de 2020, con base en el ejercicio del derecho a “la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública” establecido en el artículo 62 de la Constitución de la República. Así lo hizo saber en carta entregada al directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 17 de noviembre del presente año.
Considera que el cuerpo directivo del ente rector del Poder Electoral debe informar al país, en aras de la transparencia de su gestión, si incluyó en “el presupuesto anual de gastos de 2023” las partidas correspondientes para la ejecución de las principales actividades preparatorias a las Elecciones Presidenciales de 2024, entre ellas para la actualización continua y eficaz del Registro Electoral (RE), y las que conciernen en cada año según las funciones y competencias constitucionales y legales, como son la selección de los integrantes de los Organismos Electorales Subalternos (OES), la inscripción y renovación de las organizaciones con fines políticos, la realización de una campaña informativa y publicitaria para motivar a la inscripción y actualización en el RE y el servicio electoral obligatorio, y la activación del servicio de atención telefónica 0800-VOTEMOS (0800-8683667).
Observa que no basta que solo esté activo el servicio de mensajería de texto 2637, ya que con la puesta en servicio del 0800-VOTEMOS, los ciudadanos también podrían obtener la información de la dirección de los Centros del RE permanentes ubicados en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) en las 24 entidades federales, y los que establezcan en cada uno de los 335 municipios del país y otros sitios donde habilitarían puntos del RE, como parte de la activación de Operativos o Jornadas Especiales de Inscripción y Actualización de Datos en el RE.
La Organización Ciudadana en la correspondencia le indica al cuerpo directivo del CNE que también debió haber previsto partidas en el presupuesto para la ejecución de actividades que se requieren realizar en el caso de que procedan solicitudes de referendos revocatorios para los cargos de elección popular que cumplen la mitad de su período en 2023, acorde con lo establecido por el artículo 72 de la Constitución de la República:
1. Diputados de la Asamblea Nacional a partir del 05 de julio de 2023, cuando cumplen la mitad de su período constitucional de cinco años, electos el 06 de diciembre de 2020 y quienes asumieron sus funciones el 05 de enero de 2021, de acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 219 de la Constitución de la República.
2. Gobernadores y Legisladores Estadales, a partir de la mitad de su período constitucional de cuatro años, el 21 de noviembre de 2023. Su período comenzó el mismo día de la elección, el 21 de noviembre de 2021 o en la fecha de la toma de posesión de sus respectivos cargos., por lo cual finalizará a en noviembre de 2025, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 160 y 162 de la Constitución de la República.
3. Alcaldes y Concejales Municipales, a partir de la mitad de su período constitucional de cuatro años, el 21 de noviembre de 2023. Su período comenzó el mismo día de la elección, el 21 de noviembre de 2021 o en la fecha de la toma de posesión de sus respectivos cargos., por lo cual finalizará a en noviembre de 2025, de acuerdo con lo previsto en los artículos 174 y 175 de la Constitución de la República.
Para la ONG, el CNE tiene como uno de sus desafíos para el año 2023 reducir la brecha estimada en lo que va de 2022 de más 3 millones 500 mil venezolanos entre 18 y 45 años que no están inscritos en el RE y facilitar la actualización de datos de otros 2 millones 600 mil electores dentro del país. Para cumplir con este deber constitucional y legal, según la ONG con más de 20 años en la defensa del derecho a Elegir y ser Elegido, el CNE debió incorporar en el presupuesto de 2023 una partida para la activación de por lo menos cuatro Jornadas u Operativos Especiales de Inscripción y Actualización en el RE, con una duración de un mes en cada uno de los cuatro trimestres del próximo año y un alcance de más de 1 mil puntos en todo el país; y, al mismo tiempo, la Ampliación de la Red permanente de Puntos para Inscripción y Actualización en el RE, que implicaría, además de mantener los 24 Centros en las Oficinas Regionales Electorales (ORE), establecer por lo menos un Centro del RE permanente en cada uno de los 335 municipios del país, y un Centro del RE en cada una de las 100 parroquias con mayor población electoral.
Adicional, la Asociación Civil expresa en la misiva que debió prever en el presupuesto de 2023 otra partida con el fin de garantizar el derecho al voto a más de 4 millones 800 mil venezolanos en el exterior que requieren inscribirse o actualizar sus datos en el RE, que implicaría inicialmente establecer Centros del RE en oficinas y secciones consulares, y construir acuerdos con los países receptores de la diáspora venezolana que permita aumentar la cantidad de Centros para la Inscripción y Actualización en sus principales ciudades. Con ello, también contribuiría a reducir la alteración de la consistencia del RE dentro de Venezuela, al existir más de 3 millones 500 mil ciudadanos habilitados para votar dentro del territorio que se encuentran fuera del país, que es la sexta de las 23 recomendaciones proporcionadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE – UE) en su Informe Final de las Elecciones Regionales y Municipales del 21 de noviembre de 2021, presentado el pasado 22 de febrero de este año, para mejorar los futuros procesos electorales.
Por las razones antes expuestas, la Organización Ciudadana en la carta insta al directorio del CNE a que antes de finalizar el año 2022 informe al país si para su gestión como Poder Electoral en el próximo año 2023 tiene previsto dentro de los “programas y planes operativos” en el presupuesto la ejecución de las actividades pre electorales mencionadas, en preparación al calendario electoral 2024 y 2025 (Presidenciales en 2024, Parlamentarias, Regionales y Municipales en 2025); como también para todas las que se requieren ejecutar ante la posible activación de solicitudes de Referendos Revocatorios de los cargos de elección popular que corresponden el próximo año 2023, porque se cumple la mitad de su período constitucional de los Diputados de la Asamblea Nacional, Gobernadores y Legisladores Estadales, Alcaldes y Concejales Municipales.
Por último, Súmate les recuerda a los rectores del CNE que están en mora con la designación del rector principal que debe cubrir la falta absoluta en el directorio de la ex rectora Tania D´Amelio, jubilada el pasado 25 de abril según Resolución 220425-0027 publicada en la Gaceta Electoral 1011 con fecha 26 de abril; y de “la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente” al año 2021, que de acuerdo con el artículo 16 de la LOPE debieron cumplir “dentro de los sesenta (60) días posteriores al vencimiento del ejercicio anual”, es decir, a más tardar el pasado 02 de marzo del presente año. Indica que ya tienen un retraso en el cumplimiento de la primera obligación constitucional y legal de siete meses, y de la segunda de ocho meses y que para el próximo 2 de diciembre la inobservancia será de nueve meses. Afirma que con la ausencia de información de la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria de 2021 también incumplen con el principio de transparencia que debe regir su desempeño “en todos sus actos y decisiones”, establecido en los artículos 141 y 294 de la Constitución, 3 de la LOPE, 51 y 91, en especial el numeral 25, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Nota de prensa