Un total de 46 defensores de derechos humanos y líderes sociales fueron asesinados durante el tercer trimestre del año en Colombia, lo que supone un aumento del 64 % con respecto al mismo periodo del año anterior, reveló este viernes el Programa Somos Defensores.
Los dos últimos meses de este trimestre, específicamente 54 días, coincidieron con el comienzo del mandato del presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierdas del país, que asumió el pasado 7 de agosto. En este tiempo ocurrieron 25 de los 46 homicidios confirmados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia.
“No podría sacar una conclusión, pero sí podría lanzar la hipótesis de que puede deberse a una reacción al cambio drástico que hubo no solo en el escenario político colombiano sino también en la bancada del partido de Gobierno en el Congreso (el izquierdista Pacto Histórico)”, explicó a EFE la coordinadora del Programa Somos Defensores, Lourdes Castro García.
RECONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO
Estos asesinatos se enmarcan, a su vez, entre las 182 agresiones a 178 defensores y líderes ocurridas entre julio y septiembre, señala el informe, que incluye además 106 amenazas, 20 atentados, 2 desapariciones forzadas, 3 desplazamientos forzados, 4 judicializaciones y 1 detención arbitraria.
“Lo que estamos viviendo ahora es una reconfiguración de las dinámicas del conflicto con distintas variables territoriales”, matizó Castro al tiempo que denunció una falta de “presencia estatal” en forma de educación, sanidad o acceso a la justicia, en las regiones más afectadas.
La coordinadora agregó: “En el Gobierno pasado se militarizaron algunas zonas del país, aumentando el pie de fuerza. Esto hace que, en algunos casos, se incrementen los riesgos y se exacerben las dinámicas de violencia”.
SEIS CONFLICTOS ACTIVOS
De todos los liderazgos, el más afectado fue el indígena, con 60 actos violentos, seguido del comunal, el comunitario y el ambiental con 32, 30 y 14 agresiones, respectivamente, en 24 de los 32 departamentos del país y en el Distrito Capital.
Aunque los departamentos del Cauca, Santander y Valle del Cauca se consolidaron, según el documento, como los más violentos, Somos Defensores alertó especialmente sobre un aumento del 500 %, con respecto al mismo periodo del año anterior, en Santander a causa de las disputas territoriales entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares.
En este sentido, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identifica seis conflictos armados en el país: entre el Estado colombiano y el ELN; del Estado contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como Clan del Golfo (principal banda criminal del país), y contra las distintas estructuras post FARC (disidencias).
Los otros tres son entre el ELN y las AGC; entre dos corrientes post FARC: los que no participaron en el acuerdo de paz y la Segunda Marquetalia (uno de los dos grandes grupos de disidencias), y entre disidencias de las FARC y otros grupos emergentes denominados Comandos de la Frontera.
UNA REDUCCIÓN POCO ALENTADORA
Si se comparan las cifras de las agresiones generales entre julio y septiembre de 2021 y las del mismo periodo de 2022 se advierte una disminución de 40 ataques individuales.
Sin embargo, el informe matiza que “no se debe a que se esté respetando la vida de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”, sino a que este periodo del año anterior coincidió con el Paro Nacional que trajo consigo una “persecución contra personas que tuvieron rol activo en la participación y convocatoria de las movilizaciones”.
“Es muy preocupante esta situación porque estas son las cifras más altas que registramos en nuestro sistema, después del año 2020”, lamentó Castro.
La coordinadora añadió que espera que surtan efecto las medidas contempladas dentro del Plan de Emergencia para la protección a líderes sociales y firmantes de paz, para garantizar su seguridad.
“Partimos de una buena base (en el Plan de Emergencia) porque el concepto de seguridad adoptado es el de la seguridad humana. Por tanto, también se tiene en cuenta la complejidad del contexto”, dijo.
EFE