Un tribunal de la Corte del Vaticano accedió este jueves en exclusiva a una llamada telefónica entre el Papa Francisco y el cardenal Angelo Becciu grabada en secreto. La escucha se dio en el marco de un juicio por corrupción contra el cardenal y fue presentada por un policía financiero italiano que investiga un organismo benéfico de Sardinia vinculado con Becciu.
Según las declaraciones realizadas ante el tribunal, la llamada tuvo lugar el 24 de julio del 2021 y fue grabada sin el consentimiento del Sumo Pontífice. El registro lo habría realizado un acompañante de Becciu, quien se encontraba con él al momento de realizar la llamada, que se dio a tres días de que comenzara el juicio y mientras Francisco se recuperaba de su cirugía de colon.
Los reporteros que cubrían el caso fueron retirados de la sala mientras se reprodujo el audio. Es por ello que un grupo de abogados que sí pudo acceder a la escucha aseguró a la agencia Reuters que en ella Becciu le pidió al Papa que confirmara que le había autorizado un pago a fin de conseguir la liberación de una monja colombiana que estaba secuestrada en África desde 2017.
Agregaron, en tanto, que en la conversación el Sumo Pontífice parecía perplejo y sorprendido por el motivo de la llamada, por lo que respondió en reiteradas oportunidades pidiéndole que enviara una nota escrita con su pedido.
En tanto, otros abogados confirmaron a The Associated Press que Francisco estaba familiarizado con el caso y estuvo de acuerdo con los pedidos de Becciu y, quienes hablaron con la agencia EFE, añadieron que el cardenal apuntó contra el Papa y le dijo: “Usted ya me ha condenado, es inútil que se haga el proceso”, en referencia al juicio en curso.
El cardenal Becciu formó parte de la Iglesia Católica durante muchos años. Entre el 2011 y el 2018 se desempeñó como número dos de la secretaría de Estado, período en el cual se detectaron una serie de irregularidades por las que está siendo investigado.
Una de ellas es la contratación en el 2018 de la también acusada Cecilia Marogna, quien se presenta como analista de seguridad, y habría sido solicitada por sus servicios para liberar a la religiosa que había sido secuestrada en Malí por un grupo vinculado a Al Qaeda.
Entonces, Marogna recibió 575.000 euros (casi 599 mil dólares) de la Secretaría de Estado. Parte del dinero fue enviado a una empresa que la mujer había establecido en Eslovenia y, el restante le fue entregado en efectivo, según las declaraciones realizadas ante el tribunal.
Sin embargo, las investigaciones policiales demostraron que la analista había utilizado esta suma para ropa de lujo, visitas a centros de salud y demás cuestiones de índole personal. Es por ello que está acusada de desfalco junto con Becciu, quien también enfrenta cargos por corrupción y abuso de poder. En el juicio hay otros ocho acusados y todos niegan un mal accionar. Ellos son el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado; el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente; Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace; y el funcionario de la Santa Sede, Fabrizio Tirabassi.
Por su parte, el fiscal jefe del juicio, Alessandro Diddy, informó tras esta audiencia que un nuevo ángulo de análisis sugiere que el cardenal podría estar involucrado en una conspiración criminal. Sostuvo que los detalles de este tramo de la investigación ya habían sido entregados a la corte para su revisión.
Los abogados de Becciu anunciaron en un comunicado que no estaban al tanto de las nuevas acusaciones y evitaron referirse a la llamada telefónica secreta.
El Papa Francisco retiró todos los derechos cardenalicios a Becciu bajo sospecha de nepotismo un año antes de que comenzara el juicio, a pesar de que él negara haber hecho algo para ayudar económicamente a su familia e insistiera en su inocencia.
Con información de Reuters, The Associated Press y EFE