Nos hemos echado el cuento tantas veces que, a estas alturas, nos creemos curados de espantos. No obstante, como es una deformación que, prácticamente, corre por nuestras venas, no está de más una nueva repasada. Y es que el rentismo está intrínsecamente implicado en la ascendencia y consolidación de la dictadura chavo-madurista. Ahora que la negociación entre el régimen y la plataforma unitaria acuerda la liberación de fondos para atender la emergencia humanitaria, es aún más pertinente.
Comencemos precisando qué se entiende por “renta”. Se refiere al beneficio extraordinario que capta el propietario de un recurso al explotarlo en condiciones en las que no priva la competencia. Se trata, por ende, de una ganancia monopólica, superior al ingreso que obtendría en mercados competidos. La acepción que nos interesa aquí deriva del usufructo exclusivo de un recurso finito de mayor productividad o rendimiento, como sucede con las tierras particularmente fértiles, afín al concepto de renta diferencial desarrollado por el economista inglés del siglo XIX, David Ricardo. Es distinta a las denominadas seudo-rentas de innovación que impulsan la competencia (monopólica) de hoy. Éstas son ganancias extraordinarias que resultan del éxito comercial de una innovación, pero que son abatidas constantemente por mejoras que, a la vez, introducen los competidores. En todo caso, como no se cansaba de enfatizar el académico Asdrúbal Baptista, la renta consiste en “un ingreso no producido”.
El Estado venezolano, propietario por disposición constitucional de un recurso del subsuelo, el petróleo, cuya extracción ha tenido, históricamente, bajos costos relativos y que, desde los años ’70, ha disfrutado de políticas de control de la oferta coordinadas a través de la OPEP, ha captado enormes rentas por su venta en el mercado internacional. Su impacto económico deriva de la forma en que se distribuye, suponiendo, claro está, que el petróleo logra extraerse. Está sujeto, por tanto, a determinaciones políticas más que económicas. Su usufructo no está acotado por imperativos de racionalidad económica, como son las llamadas “leyes de mercado”, sino por la normativa plasmada en el marco institucional que rige a la nación, su constitución y sus leyes. Felizmente, la vocación democrática de quienes dirigieron al Estado luego de la caída de Pérez Jiménez acató, mal que bien, estas limitaciones.
En ello competían AD y COPEI. Disponer de estos portentosos recursos no era pequeña cosa, sobre todo con el boom petrolero de los ‘70. A pesar de estar en el interés político de cada uno denunciar al otro si, estando en el poder, se desviaba de la norma, la tentación llevó a componendas que poco a poco fueron introduciendo, lamentablemente, márgenes crecientes de discrecionalidad en el manejo de la renta. Ello se reflejó, además, en una panoplia de incentivos y castigos diversos que alimentaron la caza de rentas, dispensadas por decisiones tomadas por alguno que otro funcionario con poder. Fue la razón de muchos negocios, desplazando a la vocación productiva, propiamente dicha. A la vez, buena parte de la población se acostumbró a exigir una variedad de derechos sin que mediara el cumplimiento de sus deberes –como ciudadanos corresponsables– para que éstos pudieran cumplirse debidamente.
Crecientemente, la cultura rentista sentó las bases de una perspectiva política interesada en “relativizar” las acotaciones del Estado de Derecho. Si los abundantes recursos –la renta– estaban disponibles y las necesidades (o los dividendos políticos de distribuirlos) eran tantos, ¿por qué no saltarse de una u otra forma las restricciones para dedicarlos a la solución de los ingentes problemas del país? Y, en una sociedad amamantada en el culto al héroe –el Libertador–, este voluntarismo redentor y patriotero no tardó en fructificar en la opción populista revolucionaria que, una vez en el poder, destruyó al país.
Es menester entender que, si quien maneja la renta maneja a la nación –resuelve problemas a discreción y cosecha, en consecuencia, triunfos políticos–, ello se traduce en un sentido de apropiación del país. Venezuela le pertenece. Y ello se percibe de manera prístina en los personeros de la llamada “revolución bolivariana”: ellos no son una opción política más que compite por la conducción de las riendas del Estado, son los auténticos venezolanos, los patriotas, dueños del país. Esta apropiación ha sido abonada, tanto con el alegato de ser genuinos herederos de Bolívar, como por las posturas izquierdosas de algunos dirigentes “revolucionarios” que pregonaban romper con la “racionalidad del mercado” a fin de instaurar el socialismo. La prosecución de la justicia social dictaba que, desde el poder, se distribuyese directamente los proventos de la exportación petrolera. Para ello, había que desmantelar el Estado de Derecho burgués. El bienestar material de la gente no debía quedar restringida por legalismos o supuestas leyes de mercado, sino proseguirse directamente por voluntad “revolucionaria”.
Sabemos que tales ideas, que bien pudieran haberse creído inicialmente con sinceridad por algunos chavistas, degeneraron rápidamente ante las realidades de un poder sin transparencia, ni rendición de cuentas, y sin los contrapoderes –incluyendo los medios de comunicación libres—que contuvieran sus abusos. La impostura resultante del discurso cumplía, ahora, otra finalidad. Ya no era el ideario legitimador de un proyecto político ante las masas, en pugna con otras opciones de poder, sino un credo para invocar lealtades y reclamar la obsecuencia de sus partidarios. El chavismo y su degradación madurista se cerró sobre sí mismo, convirtiéndose en una secta de fanáticos, para quienes los clichés que se repetían a sí mismos se transformaban en “verdades reveladas”. Se prescindió, así, de toda necesidad de entender la realidad tal cual es, para “justificar” sus ejecutorias.
La estupidez a que puede conducir esta postura es ilustrada por el reciente informe de la comisión especial de la asamblea nacional madurista para investigar crímenes contra los migrantes venezolanos en el extranjero[1]. Sin rubor alguno, afirma como culpable a una “campaña de la neurociencia”, que convierte a la migración “en arma injerencista y desestabilizadora contra la Nación venezolana (cuyas) herramientas fundamentales fueron las emociones inducidas. A saber: el miedo, ansiedad y angustia usados como debilitadores mentales estimulantes de decisiones instintivas, son decisiones que derivan solamente por estímulo al cerebro reptiliano o reptil, el cerebro primitivo humano”. Los millones de venezolanos que migraron no lo hicieron por la gravísima crisis económica y social, o por la persecución política. Fueron “mentalmente expulsados de la patria” (¡¡!!)
Con tales argumentos autocomplacientes el chavo-madurismo aborda también los demás ámbitos de su existencia. Las fortunas amasadas por jerarcas políticos, enchufados y militares traidores no se deben a corruptelas. Obedecen al merecimiento que depara ser conductores de un proceso de redención de la patria, definido en términos de sus propios criterios. Las potestades y sinecuras que disfrutan son prueba de que la “revolución” triunfó; disponen ahora de los recursos que permiten una vida holgada. Allá quienes se autoexcluyeron o, peor aún, se dedicaron a sabotear el proceso como opositores. Todo el castigo de la “justicia revolucionaria” debe caer sobre ellos: presidio, tortura, confiscación de bienes, discriminación en el acceso a los bienes públicos y hasta la muerte por represión, si no puede evitarse.
Acaba de acordarse la cooperación entre el gobierno de facto y los representantes de la plataforma unitaria (oposición) para liberar unos USD 3.000 millones congelados en el extranjero, con el fin de atender la emergencia humanitaria de los venezolanos, fundamentalmente en salud y servicio eléctrico. Se informa que habrá de administrarse bajo supervisión de la ONU. Como incentivo a la negociación, el gobierno de EE.UU. dispensa a la Chevron para que pueda reanudar sus operaciones en Venezuela y exporte petróleo, siempre que sus proventos no ingresen a las arcas del Estado o de la PdVSA corrupta. Bien que así sea. Son los resguardos obligados de negociar con mentes dañadas, pendientes de lograr la incorporación, después de todo, a Alec Saab a su delegación, en la figura de su esposa, Camila Fabri, como triunfo. Son esas las prioridades de la secta en el poder, por si acaso no lo sabíamos.
[1] https://cronica.uno/comision-de-la-an-culpa-a-la-neurociencia-por-la-migracion-venezolana-y-omite-la-crisis-economica-del-pais/
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]