El juicio contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez en EEUU ha puesto en evidencia, de manera contundente, al declararlos culpables de lavado de dinero proveniente de sobornos, lo que nosotros hemos denunciado en nuestros libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo acerca de cómo la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y PDVSA se convirtieron en ejes de una organización criminal financiera que, aprovechando los negocios ilícitos con el diferencial cambiario, facilitó el gran saqueo de los dineros públicos a favor de una élite corrupta.
Llama la atención que la ONT siempre estuviera bajo el control directo de militares, desde que el chavismo y el madurismo asumieran el poder, con la excepción de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y “hombre fuerte” de Miraflores.
La Mayor del Ejército, Claudia Díaz y su esposo el Capitán Adrián Velásquez, al igual que el Teniente Alejandro Andrade, formaron una red de delincuencia organizada financiera con la complicidad de seudo empresarios, según los testimonios y pruebas presentadas en el proceso. Sin duda, una asociación para delinquir que obtuvo mil millonarios beneficios económicos convertidos en grotescas exhibiciones de lujo y opulencia. Todo ello, en combinación con Raúl Gorrín, su socio y cuñado Gustavo Perdomo, y los operadores financieros Leonardo González Dellán y Max Camino. Estos dos últimos, formarían parte de un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses.
Los “ángeles rebeldes” de la revolución, como en algún momento se calificó a Chávez y a sus soldados mas cercanos, se convirtieron luego en endemoniados defensores del lujo y el placer, a través de la mayor corrupción registrada en la historia del país.
Los hechos criminales comprobados en el presente juicio, serían similares a los relacionados con la denominada Operación Money Flight y los casos de Atlantis y Rantor/Eaton con Pdvsa, cuyo carácter ilícito hemos venido denunciando.
Insistimos, para frenar la impunidad en el robo de los dineros públicos, hace falta un plan de recuperación, a través de los instrumentos legales necesarios. Debemos recuperar el patrimonio robado a los venezolanos.
Para finalizar, comparto con Ustedes – con algunos datos actualizados – parte del capítulo Codicia sin fronteras del libro El Gran Saqueo que publicamos en 2015:
En nombre de los pobres
La corrupción financiera boliburguesa fue auspiciada por quienes desde altos cargos públicos colocaron, por vías fraudulentas, los recursos públicos en manos privadas a cambio de sustanciosos sobornos. Los autores visibles –los invisibles se esconden en el poder gubernamental del autócrata– del macrofraude financiero contaron con ingentes cantidades de dinero público sin control ni supervisión alguna, gracias al evidente, público y notorio apoyo de funcionarios de entes oficiales supervisores, como la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y la Superintendencia Nacional de Valores. En el afán por conseguir dinero fácil y guiados por la más descarnada codicia, pseudobanqueros boliburgueses, con el apoyo de sus cómplices en las instituciones del Estado y de asesores y operadores financieros, conformaron redes a través de las cuales cometieron la más variada gama de delitos.
Las instituciones financieras que adquirieron los banqueros del socialismo del siglo XXI con fondos públicos solo les servían de armazón para ejecutar fraudes cambiarios con bonos, notas estructuradas, empresas de maletín, cuentas anónimas numeradas, colocaciones de millones de dólares en jurisdicciones offshore, préstamos de bolívares pagaderos en dólares, entre otras actividades ilícitas que les permitieron obtener ingentes ganancias, utilizando siempre depósitos oficiales. La casta financiera fortalecida en los años de la denominada revolución chavista logró tejer una relación –que aún persiste– donde se mezclan de manera estratégica lo legal con lo ilegal. Defraudaron, con la más absoluta impunidad y una enorme complicidad, los recursos que pertenecían a todos los venezolanos. Responsables de ese dinero, los tesoreros Carmen Meléndez, Alejandro Andrade y Claudia Díaz, hasta Carlos Erik Malpica Flores, entre otros, junto a sus pares en ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías, autorizaron millonarios depósitos de presupuestos públicos en bancos de alto riesgo de la boliburguesía. Robaron el dinero destinado a garantizar derechos humanos fundamentales de los venezolanos y venezolanas como alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad, servicios públicos, estos últimos en situación de caos, como el servicio eléctrico y el abastecimiento de agua, a través de los negocios ilícitos con el diferencial cambiario en la Oficina Nacional del Tesoro y Pdvsa.
La boliburguesía asociada con los más altos funcionarios del régimen, logró lo que parecía imposible: vaciar las arcas de un país rico como Venezuela. Y lo hizo de manera perversa, en nombre del socialismo, en nombre de los pobres, en nombre de una supuesta revolución. Dieciséis años después, pseudoempresarios y funcionarios constituyen una élite corrupta – una cleptocracia – que vive de manera obscena y grotesca, en medio del lujo y la abundancia, mientras la gran mayoría de los ciudadanos sufre una enorme precariedad: basta con revisar las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Ucab sobre pobreza extrema, así como los indicadores de violencia y de la destrucción de la economía y las cifras de la devaluación, el caos y la destrucción de los servicios públicos y la cantidad de desplazados (más de 6 millones de venezolanos en el exterior).
Después de veintidos años de un modelo autocrático, la cleptocracia y la kakistocracia se adueñaron del país. Hemos sufrido un terrible retroceso y los pobres son mas pobres.