Rosa María Trejo llegó a la capital mexicana gracias a un hermano residente en Arizona que envió dinero para ayudar a financiar el difícil viaje desde su natal Venezuela. Ahora él le proporciona dinero en efectivo para comida y alojamiento en un pequeño hotel mientras ella resuelve qué hacer.
Ella no ha abandonado su plan de llegar a Estados Unidos.
“No quiero quedarme en México, pero tampoco quiero volver a Venezuela”, dice Trejo, de 27 años. “Mi hermano me dice que es mejor esperar aquí hasta que cambie la situación en Estados Unidos”.
Decenas de miles de venezolanos que están atrapados en México parecen estar pensando lo mismo a medida que se extiende la esperanza de que Estados Unidos pronto comenzará a dejarlos entrar de nuevo – dos meses después de que los agentes federales comenzaron a rechazarlos en la frontera sin la oportunidad de solicitar asilo político.
La autoridad para mantenerlos fuera provino de una ley de salud pública de décadas de antigüedad, el Título 42, que fue resucitada por la administración Trump durante la pandemia de COVID-19. La administración de Biden luchó contra la ley en los tribunales, pero la utilizó de todos modos, primero para los mexicanos y centroamericanos, pero luego para los venezolanos después de que un número récord llegara a la frontera, aumentara la presión política para tomar medidas enérgicas y México accediera a dejarlos entrar de nuevo.
Como resultado, los venezolanos son omnipresentes en los refugios, comedores de beneficencia y campamentos de personas sin hogar, desde las sofocantes selvas de Panamá hasta las calles de esta capital congestionada por el tráfico y los pueblos desérticos a lo largo del Río Grande. Algunos piden monedas y comida; otros dependen de la caridad, los trabajos ocasionales y la ayuda de familiares.
El mes pasado, sin embargo, un juez federal dictaminó que la aplicación del Título 42 para restringir la inmigración era “arbitraria y caprichosa”, dando de plazo al gobierno de Biden hasta el 21 de diciembre para poner fin a esta práctica.
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