EFE/LEONARDO MUÑOZ
El alto comisionado de la Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, presentó hoy un informe de su oficina que documenta lo que considera detenciones arbitrarias de 225 personas (199 hombres y 26 mujeres) en Nicaragua por sus posiciones políticas y críticas al Gobierno de ese país.
La delegación nicaragüense rechazó el contenido del informe, que ve como una injerencia.
En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, el alto comisionado austriaco pidió al Gobierno de Daniel Ortega la liberación inmediata de todos estos detenidos, que desde el anterior informe presentado ante este órgano han aumentado en una semana.
“Me gustaría expresar mi solidaridad con las víctimas y sus familias, y con todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio”, expresó Türk en español al final de su intervención.
“Mi Oficina continuará apoyando los esfuerzos por la rendición de cuentas y por la promoción y protección de los derechos humanos”, destacó el alto comisionado.
Türk lamentó que el Gobierno de Nicaragua se haya negado a cooperar con las distintas instancias de Naciones Unidas en materia de derechos humanos durante este año.
“Esto ilustra un situación en la que el contrato social está en ruinas, la verdad erosionada, las vidas rotas y la sociedad fracturada”, concluyó el alto comisionado.
Türk también denunció ante el Consejo las detenciones “sistemáticas” de familiares de opositores políticos y disidentes.
El alto comisionado destacó las condiciones “precarias” de los detenidos en la prisión de El Chipote, que sufren condiciones “inhumanas”, acceso limitado a los cuidados médicos y que no pueden contactar habitualmente con sus familiares.
La salud mental de estos detenidos “se deteriora cada día”, insistió Türk, que denunció el trato “humillante y degradante” al que han sido sometidos los familiares que acuden a visitar a los reos, con registros sin ropa realizados incluso a mujeres ancianas.
El alto comisionado también puso el foco sobre el cierre en Nicaragua de más de 3.000 ONG nacionales e internacionales y 26 periódicos locales desde septiembre.
Türk también criticó la nueva ley adoptada por Managua en octubre que impone una autorización gubernamental para poder filmar y exhibir material audiovisual en Nicaragua.
Respecto a las personas desplazadas por la crisis, el alto comisionado señaló que entre enero y octubre de 2022 Costa Rica recibió 70.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses, mientras más de 147.000 ciudadanos llegaron a las fronteras de los Estados Unidos.
A doce nicaragüenses que intentaron retornar a su país se les denegó la entrada sin ningún tipo de argumento, aseguró Türk.
“Llamo a las autoridades a asegurar que todos los nicaragüenses puedan entrar y salir de su país de acuerdo con la legislación internacional”, pidió el jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El alto comisionado consideró “autocráticas” las actuaciones del Gobierno de Nicaragua durante las elecciones municipales de noviembre de 2022, en las que los partidos ilegalizados en 2021 no pudieron participar.
En la jornada electoral se reportaron actos de intimidación a los votantes y no se permitió votar a los ciudadanos considerados disidentes, entre ellos comunidades indígenas del norte del país.
NICARAGUA RECHAZA EL INFORME
Por su parte, la delegación de Nicaragua expresó su “rechazo total” al informe presentado por Türk y lo consideró un “instrumento de presión e injerencia que esgrime argumentos alejados de la realidad, con la única finalidad de mantener a Nicaragua en el subdesarrollo y desvirtuar sus logros”.
En representación de Nicaragua la procuradora general Wendy Morales, que intervino en la sesión especial por vía telemática, denunció que la Oficina de Naciones Unidas “sigue mostrándose infame hacia Nicaragua, descalificando y denigrando a las autoridades e instituciones del país”.
“Mientras sigan existiendo informes como este, seguiremos denunciando la posición manipuladora y parcializada de la oficina (…), que no se pronuncia sobre las arbitrarias sanciones agresivas e ilegales que algunos países nos han impuesto”, concluyó.
Durante la sesión especial, la mayoría de los países latinoamericanos intervinientes denunciaron la situación en Nicaragua, a excepción de los representantes de Venezuela y Bolivia.
Las organizaciones no gubernamentales que intervinieron en el Comité pidieron la renovación por dos años del mandato del grupo de expertos en derechos humanos de la ONU sobre Nicaragua y que continúe el monitoreo de la oficina en el país centroamericano.
EFE