El Gobierno colombiano hizo un llamamiento al Estado Mayor Central, que aglutina a la mayor cantidad de frentes de disidencias de las FARC, a que decreten “un cese de actividades ofensivas durante esta temporada navideña y de fin de año”, lo que abonará el terreno “para avanzar a una siguiente fase de diálogo”.
“Hacemos un llamado urgente al EMC-FARC para que escuchen el clamor de paz del pueblo caucano y para que abonen el terreno del diálogo con un cese de actividades ofensivas durante esta temporada navideña y de fin de año”, pidió la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado.
La Oficina del Alto Comisionado pide al Estado Mayor Central, supuestamente liderado por alias “Iván Mordisco” que, de alguna forma, se sume al ejemplo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que esta semana anunció un cese al fuego unilateral desde el próximo 24 de diciembre hata el 2 de enero.
La oficina liderada por Danilo Rueda ya había hecho un llamamiento general a todos los grupos armados a que se sumen a una tregua navideña, pero este nuevo pronunciamiento va dirigido exclusivamente a uno de los grupos con más presencia y afectación, sobre todo en el suroeste del país, en Cauca y el Valle del Cauca, donde en las últimas semanas están realizando casi un ataque diario contra la fuerza pública.
El pasado agosto el Estado Mayor Central supuestamente decretó un cese al fuego unilateral entre sus filas como muestra de su voluntad para conversar con el Gobierno en medio de la “paz total”, pero que, vistos los recientes acontecimientos, que han dejado ya más de una decena de policías y militares muertos, no se está cumpliendo.
Por eso, la entidad considera que “un cese el fuego sería un paso importante hacia las condiciones necesarias para avanzar a una siguiente fase de diálogo”, que ya está en una etapa muy exploratoria después de que Rueda se reuniera en septiembre con representantes de las disidencias.
Tantos estas conversaciones, que aún no son formales, como las que sí están establecidas con el ELN son parte de la política gubernamental de la “paz total”, que busca acabar con conflictos de largo aliento que azotan Colombia y que han hecho, entre otros asuntos, que 2022 ya sea el año más letal para defensores de derechos humanos desde que se firmó la paz con las extintas FARC.
EFE