A propósito de la reapertura del paso vehicular entre Venezuela y Colombia, la coordinadora política nacional de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró que es necesario recordar que la medida de cierre de puentes internacionales ejecutada en 2015, ocasionó daños patrimoniales a la nación y sirvió para que algunos se beneficiaran.
Anggy Polanco // Corresponsalía LaPatilla
Destacó que hasta el momento no hay investigados y mucho menos responsables que expliquen cómo en impuestos nacionales se perdieron más de 100 millones de dólares anuales y cuatro millones de dólares a nivel municipal, por lo que se percibió únicamente 150 mil dólares por año. Mientras tanto, se normalizó el contrabando.
Indicó que esos recursos pasaron a los bolsillos de unas pocas personas, que controlaron el paso de mercancías a través de las trochas.
“No podemos olvidar lo que instauró el exgobernador José Gregorio Vielma Mora cuando buscó la forma de legitimar capitales y creó Cobiserta (Comercializadora de Bienes y Servicios del estado Táchira C.A.).
Luego de eso, apareció la figura del protector de Táchira, quien a través de los códigos del protectorado, desplazó a unos para asumir él, y era el que autorizaba quiénes pasaban y quiénes no”, señaló la dirigente.
Expuso que las mercancías pasaban con la complicidad de algunos funcionarios de la aduana de San Antonio, quienes hacían cobros inferiores a los que le corresponden a las arcas del Estado, cuyo ingreso iba a los bolsillos de muy pocos.
Afirmó que la frontera hoy se encuentra arruinada y poco competitiva comparada con el lado colombiano, pero aun cuando ahora se abre la frontera, el contrabando se mantiene, así como las fallas en servicios públicos y el control de grupos irregulares en la franja limítrofe.
La también presidenta regional de PJ en el estado Táchira detalló que el daño patrimonial ocasionado se debe a la falta de recaudación de impuestos nacionales (aduaneros) y los municipales, por citar únicamente un ejemplo.
“En el municipio Bolívar, se dejó de percibir entre cuatro y cinco millones de dólares anuales”.
Vera dijo que, ahora que se está “regulando” el paso fronterizo, “es necesario y pertinente acabar con las mafias, actuar con transparencia y ejecutar las medidas correctivas, porque es al pueblo, al país que han venido desangrando económicamente, y no es precisamente por sanciones extranjeras. Las medidas se han ejecutado a la vista de autoridades venezolanas”.