Perú está entrampado en un marcado deterioro de su clase política, incapaz de dar respuestas y conectar con un país fracturado que ha visto morir a 47 personas en enfrentamientos directos desde el 7 de diciembre, coincidieron expertos consultados por la AFP.
Aunque la rechazada propuesta de adelantar las elecciones generales para este año aún tiene una oportunidad con la reconsideración que se presentará el lunes en el Congreso, algunos politólogos son escépticos de que se logren avances.
“Este es un Congreso tóxico: Es rechazado por 88 % de la población, según encuestas; es tildado por (la asociación civil) Proética como la institución más corrupta, es el Legislativo más desprestigiado de la región en el Latinobarómetro”, recordó Alonso Cárdenas, de la London School of Economics.
“El Congreso, como casi toda la clase política del Perú, vive de espaldas al país, no lo comprende”, añadió Roger Santa Cruz, de la universidad jesuita limeña Antonio Ruiz de Montoya.
La madrugada del sábado, tras más de siete horas de debate con reproches, el Parlamento rechazó la propuesta de Hernando Guerra García, del partido fujimorista Fuerza Popular (FP), para que las elecciones ya no fueran en abril de 2024, como se prevé, sino en octubre de este año, de manera que la presidenta y los parlamentarios se vayan en diciembre próximo.
La propuesta de Guerra García, de quien sus adversarios dicen que cumplía órdenes de la líder de FP, Keiko Fujimori, era a la vez una respuesta a la presidenta Dina Boluarte, quien instó el viernes en anticipar los comicios para salir del “atolladero”.
Según Santa Cruz, las dudas de los rivales al fujimorismo son razonables: “Fuerza Popular tiene bases a lo largo y ancho del país. Tiene más capacidad para una campaña corta. Lo suyo es cálculo político”, señaló.
Los partidos Renovación Popular y Avanza País, que comparten con el fujimorismo el espacio más a la derecha en el espectro ideológico del Congreso, se apartaron de su aliado y barrieron con el proyecto de Guerra García.
Razones “mediocres”
“La alianza que respalda a Boluarte se está resquebrajando”, advirtió Cárdenas.
La hoy mandataria fue elegida vicepresidenta por el partido izquierdista Perú Libre, pero desde que sucedió el 7 de diciembre al destituido Pedro Castillo, su apoyo se basa en las bancadas conservadoras.
La izquierda también tiene su cuota de responsabilidad en esta falta de acuerdo político para salir de la crisis, porque condiciona su voto al adelanto de elecciones a un referéndum por una Asamblea Constituyente, posibilidad rechazada por amplios sectores del poder.
“La izquierda sabe que su propuesta no va a tener nunca apoyo de la derecha”, señaló Cárdenas, para quien el tema se usa como pretexto para negociar beneficios menores.
“Son razones bastante mediocres (de parte y parte). No ideológicas, ni de modelo de país. Son temas como aferrarse a los cargos por unos meses más”, añadió.
Los expertos también destacaron entre las debilidades del Congreso actual, el hecho de que esté fraccionado en más de diez fuerzas políticas, además de congresistas independientes, sin liderazgos fuertes ni personalidades que generen consenso.
Por eso, según Cárdenas y Santa Cruz, la eventual renuncia de Boluarte no necesariamente aliviaría tensiones porque no han surgido figuras de “personalidades democráticas, vinculadas a los derechos humanos, concertadores, con experiencia” como lo fue tras la salida de Alberto Fujimori (1990-2000) Valentín Paniagua o Francisco Sagasti en 2020 tras la caìda del gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020).
Seis años de Congresos rebeldes
Perú ha tenido seis presidentes desde 2018, de derecha, de centro, de izquierda. Un incendio al que la clase política aporta más fuego que agua y en el que el Congreso pareciera limitar su función a pelearse con el Ejecutivo.
Todo comenzó en 2016 con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que pese a ser de derecha, fue blanco de la bancada fujimorista hasta 2018, cuando consiguió destituirlo por haber derrotado a su líder, Keiko Fujimori.
Su reemplazo, Martín Vizcarra, corrió la misma suerte, y a su sucesor impuesto por el Congreso, Manuel Merino, lo sacó en 2020 una revuelta de cinco días en las calles de Lima.
La historia continuó con Castillo, quien libró una guerra contra el Congreso que acabó con su destitución, producida además después de que intentara cerrar al Legislativo y gobernar por decreto. Ahí empezó la historia de Boluarte.
En medio de la convulsión actual, más dura en el relegado sur andino, no hay garantía de que de las elecciones en 2023 o en 2024 salgan mejores autoridades, concluyeron ambos politólogos.
“La salida política está en una reforma política, pero esa reforma la tienen que hacer estos políticos”, ironizó Cárdenas.
AFP