La niñez en Venezuela se defiende de las balas. En sus comunidades y escuelas esta es una de las lecciones más importantes en los primeros años de vida. Ocurre sin protocolos de actuación ni programas de salud mental por parte del Estado que les ayuden a enfrentar la violencia que los ve crecer. Es un vacío oficial que algunos planteles educativos, como pueden, intentan llenar para salvar sus vidas.
Por: Historias que Laten | Cecodap
Un trabajo especial realizado por Carmen Victoria Inojosa en una alianza entre Historias que laten, Cecodap, Agencia Pana y Dart Center.
Es una guerra sin declarar. Las balas entran a las escuelas y a las comunidades. Dejan profundas heridas en quienes se esconden y son encontrados por la metralla. La cotidianidad de muchas zonas del país es un conflicto armado permanente en el que no está claro quién lucha contra quién. Y la niñez, en muchos casos, cae en el examen final: las balas.
Son siete las escuelas de Fe y Alegría, la red internacional de educación popular, ubicadas en los estados Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda y Zulia, en las que preparan a sus estudiantes tanto para la vida como para no morir en la primera infancia. Los centros educativos están en comunidades donde la violencia urbana forma parte de la rutina escolar: tiroteos, delincuencia, enfrentamientos entre bandas, intervenciones de cuerpos de seguridad del Estado.
En estos territorios la gobernanza local y el control social y político lo ejercen los grupos armados no estatales. “Hay una ruralización de la violencia. Las bandas están ocupando zonas que antes eran consideradas seguras”, señala Gloria Perdomo, coordinadora de OVV y directora de la Fundación Luz y Vida.
Venezuela se encuentra entre los países más violentos del mundo. En los últimos dos años, la cifra de personas fallecidas por causas violentas supera los 11.000, así lo estimó el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en sus informes de 2021 y 2022. Esto supone una tasa de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes.
Desde 2017, en estas siete escuelas, las maestras y el personal escolar han recibido instrucciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre comportamiento seguro en conflictos armados y situaciones de riesgo. Ante la falta de protocolos de actuación y programas de salud mental del Estado, las docentes están a cargo de enseñar a los estudiantes a buscar un lugar seguro cuando hay tiroteos. Es una clase que ellas asumen como parte del plan de estudio.
En algunas paredes de una escuela del sector La Bombilla de la parroquia Petare, uno de los conglomerados de barrios más grande de América Latina, ubicado al este de Caracas, se lee con pintura negra “zona de seguridad” y “espacio seguro”. Es una imagen que irrumpe sobre los colores pasteles del lugar y el aviso más importante para dar con un refugio en caso de un enfrentamiento armado. En mayo de 2022, el grupo de estudiantes de quinto año de bachillerato, como parte de su servicio comunitario, también hizo una campaña y un simulacro de comportamiento seguro con los más pequeños.
“¿Qué hacer ante una balacera?” se lee en uno de los tantos carteles que los estudiantes pegaron en las paredes: “Mantén la calma. Tírate al piso y busca dónde resguardarte. No te levantes, arrástrate. Resiste la tentación de correr. No tomes fotos ni grabes. Sé paciente, espera y ora”.
La directora de la escuela, Yuli Álvarez, recuerda a una niña que al terminar el simulacro le dijo: “Ya no vamos a llorar más, profe, ahora sabemos lo que vamos a hacer. Cuando pase eso le decimos a mami y a papi: ‘vamos con las manos aquí –en la cabeza–, pegaditos de la pared’”.
En septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó un protocolo para prevenir y reducir la violencia en las escuelas. El trabajo se hizo en conjunto con el Ministerio de Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El documento orienta sobre la convivencia escolar, pero no hay un espacio dedicado a la violencia urbana.
Y en una revisión de las memorias y cuentas del Ministerio de Educación de los años 2013, 2014 y 2015 (son los documentos disponibles) no se encontraron proyectos relacionados con la violencia y seguridad de las escuelas en caso de tiroteo en la comunidad.
“No recibimos orientación del Ministerio de Educación en ese sentido. Lo que sabemos es porque la CICR formó a algunas escuelas en cuanto a la prevención de la violencia urbana. En estos colegios se hacen simulacros para saber qué hacer en un momento de un tiroteo”, dijo Yameli Martínez, coordinadora Pedagógica Nacional de Ciudadanía de Fe y Alegría. Martínez dijo no conocer “ningún documento orientador” de las autoridades educativas.
Lo que suele ocurrir es que las escuelas tengan que negociar directamente con las bandas para proteger a sus trabajadores y a los estudiantes. Es la manera en que procuran protección cuando escuchan que “el ambiente en el barrio va a estar malo”. Entonces deciden suspender las actividades escolares y levantan un acta para justificar que ese día no hubo clases.
Las escuelas, sus estudiantes, personal y cuidadores están solos en un conflicto armado que se ha recrudecido en varias zonas de Venezuela. Algunas maestras enseñan a los niños –hasta a los más pequeños que acuden al jardín– a protegerse de las balas. Otras apelan a la intuición. Las instituciones no tienen un protocolo de actuación oficial ni de comportamiento seguro para estos casos.
“Así como hay un entrenamiento en caso de terremotos, más necesario es un entrenamiento y una organización sobre qué hacer en el caso de tiroteos, porque es una situación frecuente”, señala Perdomo. Destaca que desde el Ministerio de Educación y las autoridades públicas se debe conformar un equipo de orientación, formación y previsión en materia de seguridad escolar.
“Además del trabajo por la promoción de una cultura de paz dentro de la escuela, protección y resguardo. Eso no lo vemos”, opina Perdomo. Aunque en diversas oportunidades ha llevado propuestas técnicas ante algunos consejos municipales de derechos del niño, niña y adolescente, no ha obtenido respuesta.
“Desde el punto de vista de obligaciones del Estado, hay negligencia, hay incumplimiento de la normativa legal y vulneración de derechos humanos cuando no se apoya y no se asegura la protección”, advierte Perdomo. Insiste en la necesidad de incluir medidas de seguridad, protección y resguardo en los manuales de convivencia escolar. “Esto debe estar claro y ser ampliamente conocido (…) No se quiere entender como una prioridad”.
Es lunes 11 de mayo de 2020 y en la escuela del sector La Bombilla de la parroquia Petare, al este de Caracas, hay 15 docentes que corrigen cuadernos y organizan las actividades académicas que impartirán a distancia esa semana. La policía irrumpe en el lugar y cierra todas las puertas.
—¿Qué sucede?—preguntaron los maestros a la policía.
—Es un operativo—responde un policía.
—¡Déjennos salir! —replican los maestros.
Son las 9:00 a.m. y los maestros siguen encerrados. Están confundidos. “¿Un operativo policial en la escuela?”, se preguntan. Yuli Álvarez, la directora de la institución, se encuentra en la entrada del sector pidiendo que la dejen subir a la escuela.
—¿Usted sabe lo que está pasando arriba?— le pregunta un funcionario.
—Vengo a trabajar y me encuentro con esto. Soy la directora de la escuela. No sé qué está pasando.
Después de horas, la directora Yuli Álvarez logra avanzar hasta la entrada del colegio. Afuera están los maestros que después de explicar a la policía, una y otra vez, que no saben qué sucede, los dejaron salir. La directora y los docentes se resguardan en la escuela que está enfrente. Entre disparos no logran comunicarse. De a poco se enteran de que los funcionarios buscan a miembros de una banda que durante la madrugada tomó como guarida un salón de la escuela.
Tres ya escaparon, escuchan decir los maestros. Mientras, la policía lleva a declarar a dos vigilantes y a dos docentes de la escuela por “sospechosos”. La directora Yuli no sabe qué hacer. No quiere dejar la escuela sola ni a su personal. “¿Qué hago? ¿A quién auxilio primero?”. Entonces Yuli envía a la subdirectora al centro policial.
La directora Yuli Álvarez levantó un acta para notificar lo ocurrido a la zona educativa a la que pertenece la escuela. Y como en otras ocasiones, no recibió respuesta ni visita de las autoridades escolares. “No hay formación ni resguardo”, dijo. Estos eventos suelen dejar un vacío aún más hondo en quienes sufren la violencia: hay un desamparo legal y de asistencia en salud mental.
“La violencia siempre ha sido nuestra compañera de batalla”, reflexiona Yuli. Lleva la cuenta de 20 familias desplazadas hasta junio de 2022: “Han tenido que salir de ya para ya. Dejar todo y se les mandan sus papeles por correo”. En Venezuela, una de cada cinco familias ha sentido necesidad de dejar el lugar donde vive por el temor a la violencia, reportó el OVV en 2022.
En esa escuela, de los 42 docentes, Yuli estima que 10 necesitan apoyo psicológico. “No todos manejamos las herramientas ante un evento, hay momentos en que no sabemos qué hacer”, cuenta.
De acuerdo con un informe de marzo de 2021 de Cecodap, ONG venezolana especializada en la defensa de la niñez, no hay protección para tratar casos de depresión y salud mental en esta población. Y menos de 1 % del presupuesto total del Ministerio de Salud es asignado al área de salud mental.
La primera infancia es el momento de la vida más vulnerable físicamente. Vilma Reyes, psicóloga clínica del Programa de Investigación de Trauma Infantil de la Universidad de California, San Francisco, sostiene que en esta edad los números de niños lastimados físicamente o que mueren por algún tipo de violencia “son mucho más altos”.
Hay otras heridas que no son físicas, pero duelen. Vivir en un entorno violento genera traumas y estrés postraumático que, de acuerdo con Reyes, se pueden reflejar en la vida diaria, por ejemplo, en cómo el niño interactúa con otros, dificultad para dormir, tristeza, problemas de aprendizaje: “Los efectos los vemos en un montón de áreas de desarrollo en la primera infancia”.
Han pasado algunas horas y la policía empieza a salir de la escuela, llevan un cadáver.
—¿Será que puedo entrar? —pregunta la directora Yuli.
—Bueno, vaya a ver qué consigue ahí— le responde el policía.
Las rejas de la entrada principal de la escuela están en el piso. Las paredes ahora tienen una seguidilla de hoyos de diferentes tamaños. Yuli detiene su caminata. Hay un río de sangre al frente. Por más que pregunta no consigue respuestas. “¿No hay informe de la policía? ¿Qué pasó?”.
—¿Qué hacemos?— grita Yuli al aire.
Con ella están dos obreras, una coordinadora y la secretaria.
—Hay que limpiar y levantar esto —le responden con resignación.
La directora Yuli busca agua y cloro para remover la sangre. Les toma dos horas quitar las manchas en paredes y pisos. Hay otras marcas que, aunque quisieran, no podrán borrar: “El muerto es un papá de dos de nuestros estudiantes”, entra gritando una de las obreras.
Solo en 2022 se registraron 1240 muertes como resultado de intervenciones policiales, dijo el OVV. Mientras cientos de niños quedan huérfanos: En 2021 fueron 335, este reporte de Monitor de Víctimas, una iniciativa periodística de recolección de datos sobre la violencia, señala que de esos, 111 muertes fueron por ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad. Otros 31 por bala perdida. En 2020 la cifra llegó a 428 niños que se quedaron sin al menos uno de sus padres.
“Los efectos de la violencia los vemos en un montón de áreas de desarrollo en la primera infancia”. Vilma Reyes, psicóloga clínica.
Perdomo sostiene que los operativos policiales en las comunidades se efectúan sin los estándares y normas básicas de derechos humanos, son acciones que tienen una perspectiva de combate y exterminio: “Al final terminan siendo las víctimas personas que no tienen nada que ver con el asunto”. Señala que la impunidad, la tenencia de armas por civiles –armas que deben estar bajo el control del Estado– el crecimiento de la pobreza, la ausencia de oportunidades, ha llevado a las personas a tomar el camino delictivo.
La Organización de Naciones Unidas ha denunciado ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos en operativos de funcionarios que ingresan a los barrios y se enfrentan al crimen organizado. La ONG Provea, especializada en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, documentó 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2021 por parte de organismos de seguridad del Estado.
Desde hace 30 años la violencia ha sido un tema recurrente en esta escuela de Petare. Es así como con la fundación del plantel la enseñanza de la cultura de paz debía ser un contenido transversal en el plan de estudio. La directora Yuli recuerda a los niños con “chopos” como juguete, un arma de fuego casera.
Pero también fue necesario negociar con las bandas delictivas para disminuir, al menos en horario escolar, las situaciones de violencia. “Les dijimos que si afectan a la escuela, también afectan a los suyos. Esa parte ha permitido que, no es que seamos amigos, por lo menos exista una comunicación”, dijo Yuli.
Hoy, como hace 30 años, la violencia conserva sus momentos álgidos. Sin embargo, la directora agradece los espacios de tregua. Ya tienen casi un año en que no salen corriendo porque llegó la policía o por enfrentamientos entre bandas y cuerpos de seguridad. Aunque, dice, todavía es necesario negociar con los líderes de las bandas delictivas.
Cuando ocurren esos encuentros, el corazón de Yuli es un tambor que no para de latir. Sabe que tiene que “estar bien” con ellos y con su gente: solo quiere resguardar la vida de las 1024 personas que tiene a su cargo.
Yuli narra cuando hace un año le tocó “invitarlos” a su oficina en la escuela y ofrecerles café para pedir un permiso.
—¿Qué está pasando? —preguntó uno de los hombres.
Encendieron el radio para que “el patrón”, líder de la banda criminal, escuchara. También le pasaron el seguro al arma.
—Va a haber movimiento en la escuela. Recibiremos un donativo. Los camiones vienen resguardados por la polícia.
—Tranquila, profe. Estamos pendientes. Nosotros los cuidamos.
Los miembros de las bandas delictivas también suelen pedir cupos para sus familiares. “Te cedo el cupo pero ya tú sabes, mantienes tu límite, nada de vender droga a los muchachos ni amedrentar al personal”, suele responder Yuli.
Pero esos espacios no son un sistema infalible, como se evidenció ese lunes 11 de mayo de 2020, cuando la escuela fue sede de una escena rutinaria que vive el resto de la comunidad: un enfrentamiento armado.
El Clúster de Educación de la Unicef en Venezuela en el documento “Estrategia 2022-2023” señaló: “La niñez venezolana está afectada por la movilidad humana cruzada y combinada, los flujos de salida con flujos de retorno y movilidad externa con desplazamiento interno provocado por búsqueda de oportunidades económicas, desastres socio-naturales y conflictividad y violencia local”.
El organismo indica que 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de dejar la escuela. Otros 901.000 están fuera del sistema escolar. En Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia, una tercera parte de la población (37,6 %) deja de ir al trabajo o a estudiar por miedo a la violencia. La niñez se enfrenta además a un país con una de las tasas de inflación más alta del mundo que ha llevado a la pobreza a la mitad de los hogares.
Hoy más de 160 millones de niños en el mundo viven en zonas de conflicto, asegura el informe de las Naciones Unidas y la Fundación Save the Children. De acuerdo con el documento “25 años de conflictos armados y la infancia: actuar para proteger a los niños y niñas de la guerra” de la Unicef, de las seis violaciones graves contra la niñez, los ataques a escuelas o hospitales ocupan el tercer lugar.
En 2015 se firmó la Declaración de Escuelas Seguras en Oslo. Actualmente son 114 los países que han respaldado el documento. Venezuela no es firmante.
*Los nombres de las fuentes se cambiaron para resguardar su identidad y por seguridad.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la beca del Early Childhood Journalism Initiative del Dart Center for Journalism and Trauma de la Universidad de Columbia.