El régimen de Nicolás Maduro no tiene la capacidad financiera ni la voluntad política de reducir, exonerar o eliminar varios impuestos que pudieran ayudar a paliar la crisis económica de los venezolanos, observan los expertos.
Por Gustavo Ocando Alex / vozdeamerica.com
Venezuela registró la segunda inflación más elevada del mundo el año pasado, con un alza de 234 % en los precios de bienes y servicios, solo después de Zimbabue, según el oficialismo, mientras la tasa oficial de cambio se cuadruplicó en los últimos seis meses.
Entretanto, miles de trabajadores de instituciones dependientes del Estado venezolano han protestado durante semanas para exigir un aumento de sus sueldos que les permita cubrir las necesidades básicas de su familia.
El país suramericano tiene el salario mínimo mensual más bajo del continente y uno de los peores del mundo, de solo 6,1 dólares por mes.
Especialistas independientes han esperado en vano en tiempos recientes por el anuncio de “medidas coyunturales” que permitan mitigar la caída del consumo en Venezuela, advierte Hermes Pérez, economista y docente universitario, en entrevista con la Voz de América.
Esas decisiones deberían incluir la eliminación del financiamiento del Banco Central de Venezuela al fisco nacional, el aumento de salarios o el incentivo del consumo, indica.
Otra medida tan clave como ideal se centraría en lo tributario: reducir o exonerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de determinados productos y de recientes tributos vinculados a las transacciones hechas con divisas, sean dólares o euros, explica.
Las investigaciones de Pérez dan cuenta de cómo la inmensa mayoría de los 197 países afectados por el COVID-19 tomaron decisiones a favor de empresas y particulares en medio del mayor desplome del Producto Interno Bruto que se haya registrado, entre ellas la eliminación, reducción o exoneración de ciertos impuestos y tasas.
“Venezuela no está en esa lista, no tomó ninguna medida”, dice Pérez, quien recuerda con frustración la inexistencia en el país de un programa económico “que responda a la enorme crisis que está sucediendo” y al “enorme desbarajuste” cambiario.
El gobierno de Maduro dijo en pleno inicio de la pandemia que exoneraría de impuestos a las pequeñas empresas creadas en 2020, sin mayores beneficios fiscales a otros sectores o en transacciones o productos involucrados en las actividades de consumo de la población.
Por el contrario, el ejecutivo chavista acaba de renovar por cuarto año al hilo la exoneración de impuestos y aranceles a bienes importados desde otras naciones.
Los necesitan
Los impuestos en Venezuela son ideados por el poder ejecutivo, en este caso con Maduro a la cabeza, y aprobados definitivamente por el Parlamento, hoy bajo control del chavismo.
Algunos de estos gravámenes son el Impuesto Sobre La Renta (que se paga una vez al año), el Valor Agregado (IVA), el Débito Bancario, de trámites aduanales y de sucesiones concertadas directamente en el órgano tributario nacional, conocido como el SENIAT.
Lo recaudado debe destinarse al gasto público en sectores como salud, vivienda, seguridad, educación e infraestructura, entre otros. La oposición, sin embargo, acusa al gobierno de haber malversado y despilfarrado esos recursos durante las últimas dos décadas.
Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, no nota intención alguna en el gobierno de reducir o eliminar los tributos actuales. “Los necesitan para su gestión”, apunta.
El gobierno recaudó el año pasado lo equivalente a 4.500 millones de dólares en impuestos, un monto similar a la suma de su cobro tributario de 2020 y 2021, señaló.
“No van a disminuir impuestos, ni cancelarlos”, comentó a la VOA. Oliveros destaca que los ingresos estatales por la producción petrolera han mermado entre sanciones, descuentos forzados y la competencia en algunos mercados con el petróleo de Rusia.
La producción local promedió cerca de 700.000 barriles por día en 2022, de sus niveles más bajos en este siglo. Estados Unidos flexibilizó a finales de noviembre sus sanciones contra el gobierno de Maduro para permitir a la empresa Chevron operar con ciertas restricciones en Venezuela, después de que se reanudaron las negociaciones políticas en Ciudad de México.
“En ese contexto, pensar que van a disminuir los impuestos, no tiene sentido”, concluye.
Estado “hipertrofiado”
El Estado venezolano se encuentra “hipertrofiado” entre compromisos que difícilmente puede cumplir con sus actuales ingresos, advierte el economista Manuel Sutherland.
Pero no solo se trata de la inversión fiscal promedio, “tiene gastos muy grandes en cuanto a control social y represión. El presupuesto para 2023 proyecta 4,5 millones de empleados militares, cuando el Ejército más grande, el chino, es de 2.125.000”.
Sutherland, presidente del Centro de Investigación y Formación Obrera, opina que el Estado venezolano ha incluido “gastos completamente innecesarios y excesivos” que no debe sostener más, como “nóminas fantasmas” y gestiones para labores de espionaje.
A su juicio, Venezuela experimenta “una presión tributaria excesiva y mal gestionada”. Opina que una gestión “seria” podría multiplicar por 10 los salarios de empleados, como maestros y médicos, y contemplar la disminución de impuestos como una idea probable.
Sutherland no lo ve viable en el corto ni mediano plazo. “Eso no va a ocurrir si no hay un cambio político muy fuerte o un acuerdo nacional muy profundo para eso”, concluyó.