La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro español del Interior Jorge Fernández Díaz, en un caso de supuesto espionaje parapolicial durante un proceso por corrupción que le costó el poder en 2018 al conservador Mariano Rajoy en España.
Anticorrupción, en un escrito publicado este viernes, reclama además 19 años de prisión para Manuel Villarejo, un excomisario de la Policía española inmerso en varios procesos judiciales, y penas de entre 15 y 2 años y medio de cárcel para otros procesados, entre ellos ex altos cargos policiales y del Ministerio del Interior español.
El caso investiga un supuesto espionaje al que fue tesorero del conservador Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, condenado a más de 30 años de cárcel en varios procesos por corrupción, y que fue presuntamente orquestado en 2013 desde el ministerio que dirigió entre 2011 y 2016 Fernández Díaz, para hacerse con documentos sensibles sobre esta formación política, entonces en el poder en España.
El supuesto espionaje, conocido como operación Kitchen, buscaba presuntamente hacerse con documentación relacionada con el caso Gürtel, una trama de corrupción por la que fue condenando este partido y que derivó en una moción de censura por la que tuvo que dejar el poder el entonces presidente Rajoy.
Anticorrupción remitió a la Audiencia Nacional española un escrito de conclusiones provisionales contra ocho acusados, por delitos como encubrimiento, malversación y contra la intimidad, y también contra el Estado español como responsable civil subsidiario.
Sin embargo, entre los procesados no se encuentra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes fueron investigados aunque un juez les sacó de la causa, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones.
Los fiscales ubican esta “ilícita operación policial” durante el Gobierno de Rajoy, orquestada “desde la cúpula del Ministerio del Interior” encabezado por Fernández Díaz, “sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias”.
El objetivo, según su tesis, era obtener y eliminar pruebas “que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes” en la investigación del caso Gürtel y que pudiera tener su entonces tesorero, para evitar que llegasen al juez.
Para conseguirlo, prosiguen los fiscales, captaron al chófer de la familia Bárcenas, quien entre 2013 y 2015 les facilitó documentos a cambio de 54.000 euros de fondos reservados.
También apuntan que los acusados realizaron seguimientos a Bárcenas y a su mujer para confirmar la información e incluso se llegó a entrar en un estudio de la mujer en busca de datos financieros del PP.
El escrito indica que llegaron a conseguir “de manera ilegítima” mensajes de texto, correos y contactos que Bárcenas tenía en dos teléfonos móviles y una tableta que les habría entregado el chófer, y también documentos sobre cuentas bancarias y movimientos de fondos que tenía ya en prisión.
La Fiscalía cree que Fernández Díaz y otros acusados “controlaron todos los movimientos” de un preso que coincidió con Bárcenas y a quien éste habría encargado borrar audios con conversaciones con dirigentes del PP como Rajoy relativos a fondos “de procedencia ilícita” manejados por este partido. EFE