Fue la detención de un falso médico que ejercía labores en el Hospital Gervasio Vera Custodio, el principal centro asistencial de Upata, estado Bolívar, el que encendió las alarmas.
Corresponsalía lapatilla.com
La situación trajo consigo la revisión de expedientes y de los títulos de 80 médicos que hacen vida en el centro de salud.
Un tuit publicado el 15 de febrero por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, alertaba de una orden de aprehensión contra un falso médico en el estado Bolívar.
También señalaba que el hombre, identificado como Jonathan Camacho, “realizó acciones de médico cirujano, ginecobstetra y psicólogo”.
Sumaba que Camacho sería acusado por los delitos de ejercicio ilegal de la Medicina, usurpación de funciones y estafa agravada, y añadió una foto del sospechoso. Dos días después de la publicación, Camacho fue detenido.
La detención no pasó desapercibida, por el contrario, causó asombro, indignación y con ello la investigación de al menos 80 médicos del municipio Piar, al sur del estado Bolívar, según informó la alcaldesa Yulisbeth García durante un programa radial transmitido el pasado 22 de febrero.
En ese programa, García admitió que Camacho “lamentándolo mucho presentó una documentación falsa”. Añadió que el sujeto trabajó, por lo menos, durante un mes en el hospital.
Se fugó
Pero este no sería el único caso. La revisión de los títulos y las notas de los médicos incluía a su director, Yoslen Austudillo.
En el programa de radio, la alcaldesa de Upata relató que “él (Austudillo) me dijo que tenía que revalidar su título y que necesitaba un permiso”.
“Se le dio el permiso. No pudimos tener más contacto con el compañero. Se le llamó, se le escribió. Empezaron las redes a especular, a decir si era o no era (médico). Hasta ahorita, yo no soy la fuente, no soy la vía que puede decir si es o no es, porque aquí reposa la documentación que él entregó”, enfatizó la alcaldesa del oficialismo.
Durante el programa de radio aseguró tener en sus manos el título que en su momento le entregó Yoslen, el cual supuestamente fue emitido por una universidad en Bilbao, España.
García también señaló que conoció a Astudillo durante la pandemia del Covid-19, cuando un tercero los presentó.
“En ese momento me presentan al doctor o al ciudadano Yoslen Astudillo”.
Debido a toda la situación, el hospital de la localidad tiene un nuevo director: José Antonio Castellano Báez.
Familias piden interpelar a la alcaldesa
El punto de encuentro fue la plaza Bolívar de Upata. Allí, médicos cirujanos, pediatras, especialistas en medicina general, epidemiólogos y parientes de quienes perdieron sus familiares durante la pandemia, realizaron una rueda de prensa.
“En tiempo de pandemia, cuando estuvo al frente de la sala Covid, Yoslen Astudillo, murieron cuatro familiares míos, por lo cual estoy aquí pidiendo justicia, y le pidió a la máxima autoridad que separe a esta ciudadana (Yulisbeth García) que la separe de ese cargo, porque ella es la culpable de haber contratado a médicos chimbos”, denunció Yumirla Valor.
Valor preguntó: “Cómo es posible que la salud de este pueblo haya estado en manos de delincuentes. Estoy muy dolida y le pido a Dios que se haga justicia pronto. Señores del Ministerio Público, separen a esa ciudadana de su cargo, porque ella los contrató”.
Carlos Pinto, quien perdió cuatro familiares durante la pandemia, señaló que “el doctor Astudillo, médico especialista con postgrado en España, no era médico. Sin embargo, atendió en la sala de Covid, además, a muchas otras personas más, quienes estaban siendo tratadas por este supuesto especialista. Pedimos justicia en nombre de todo el pueblo”.
Por su parte, el doctor Eduardo Zaraza, exigió una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público, así como la prohibición de salida del país a la ciudadana Yulisbeth García, primera autoridad civil del municipio Piar, hasta que no se hayan aclarado los hechos acontecidos en el hospital.
“Para ejercer la Medicina en Venezuela, el médico que trae el título extranjero debe validarlo en una universidad venezolana. El título de una universidad extranjera debe revalidarse aquí, y no en el país que otorga el título. Así que el ciudadano que dijo que tenía que salir a validarlo en España está mintiendo”, señaló otro de los manifestantes en relación a las declaraciones emitidas por la alcaldesa en el programa de radio.
En el ojo del huracán
No es la primera vez que la alcaldesa de Upata está en el centro de atención de la gente.
Durante 2022, habitantes denunciaron el robo de más de 6.000 cilindros de gas doméstico, los cuales habían sido recogidos en distintas comunidades para ser llenados, pero esto no sucedió.
La situación trajo meses después la detención de Diana Karina Artiga Pérez y la recuperación de solo 400 bombonas de gas doméstico.
El abogado Rosario de Jesús Macuarisma informó durante la rueda de prensa realizada en la plaza Bolívar, que introdujo ante el Ministerio Público un recurso legal por el robo de las bombonas en el municipio Piar de parte de funcionarios municipales.
“Con el soporte de firmas de las personas afectadas, consignamos ante el Ministerio Público la denuncia formal del robo de las bombonas, que de manera fraudulenta, se las quitaron al pueblo. En mis manos tengo el documento donde me recibieron la denuncia y ya la están procesando”.
Investigación
Macuarisma sumó que “van a iniciar las averiguaciones de rigor por este robo. Aclaramos a la ciudadanía en general que el caso no ha sido resuelto. La ciudadana alcaldesa, en una oportunidad, regresó 400 cilindros y luego 2.400, pero se presume que son más de 12.000, incluyendo las parroquias de Pedro Cova y Andrés Eloy Blanco”.
Algunos de los sectores afectados por el robo fueron La Antena, Banco Obrero, San Antonio, 17 de Mayo, Merecure, El Guamito, Libertador, Carlos Manuel Piar, San Lorenzo, Santa Rosa, Coviaguard, entre otros.
Pobladores de estos sectores entregaron sus bombonas para ser recargadas y luego ser entregadas. Sin embargo, nunca las devolvieron.
A inicios de febrero de 2023, en las instalaciones del Parque Bicentenario, la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth García, en compañía de José Manuel Losada, presidente de Bolívar Gas, entregaron 3.700 cilindros de gas a 82 comunidades de Piar.
El abogado destacó que con esta entrega “busca mitigar las denuncias, que la llevaron a violar la ley. Es la violación del procedimiento legal correspondiente, porque ella manejó una figura que solo asumen los jueces, que es el acuerdo reparatorio”.