El coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Cámara de la Construcción en Monagas, Pedro Miguel Urriola, informó que actualmente el sector registra una paralización de 98%. A su juicio, esto representa una caída de más de 3.000 puestos de empleos, cuando anteriormente se generaban entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.
Por: Corresponsalía
Para Urriola, en la actualidad no existen obras de envergadura, solo algunas construcciones del sector comercial, mientras que en la parte residencial todo está paralizado. Las pocas obras que están en construcción, apenas generan unos 800 empleos por parte de la empresa privada.
“Los empleos que se han generado son de pequeñas construcciones, y son pequeñas en comparación con lo que puede generar una obra urbanística de 300 o 400 viviendas, la cual podría emplear a unos 1.500 obreros. Una construcción de un centro comercial genera unos 500 puestos de trabajo”, explicó el representante de la Cámara de la Construcción.
Señaló, además, que en cualquier país del mundo, el Estado es el mayor empleador y Venezuela no está exento de ello. La diferencia es que en otros países, el gobierno le otorga a la empresa privada que sean ellos los que trabajen y los que generen empleos. Sin embargo, el régimen se ha convertido en contratador, y las obras llegan a un punto en que el Estado no puede seguir financiándolas.
“Aquí no hay desarrollos habitacionales. La Misión Vivienda no tiene proyectos en la actualidad. Lo que vemos que hay son alquileres o ventas de casas de personas que se están yendo del país. Lamentablemente, hay que ser crudos y decir que el sector construcción está contraído un 98% y con una tasa de desempleo cercana a 92%”, indicó Urriola.
Puntualizó que para subsistir, el empresariado del sector en la región ha tenido que diversificar sus actividades a vendedores de comida o hacer algo distinto no relacionado con el área de la construcción.
Por último, añadió que la ausencia de créditos de la banca también ha influido en la paralización del sector, así como la falta de pago en los contratos por parte del Gobierno.
