Los montos de la Deuda Pública Nacional, como el resto de la información financiera del país, permanecen bajo un manto de oscuridad de ahí que se haga muy difícil realizar un estudio que nos permita entender su impacto y consecuencias.
La Oficina Nacional de Crédito Público presenta en su portal el último Boletín Anual de la Deuda pública del Gobierno Central para el 2012. En ese entonces, tenía registrado como deuda total 104.780 millones de dólares, de los cuales, 45.414 millones de dólares eran deuda externa y 59.363 millones de dólares deuda Interna. Por otra parte, ese mismo portal publica un cuadro de la deuda externa al 30 de junio de 2017 por 46.440 millones de dólares, de estos, 36.080 son Bonos DPN y el resto, de bancos comerciales y multinacionales.
Otras fuentes consideran que la deuda externa del país asciende a más de 148.000 millones de dólares si se incluye, además de la Deuda Pública Nacional, la deuda de Bonos de PDVSA, los Bonos Soberanos, del Sur, de Citgo, deuda con China, Rusia, Brasil, la de las empresas del Estado y aquella proveniente de los litigios internacionales.
Venezuela venía pagando su deuda externa hasta el 2017, cuando el 14 de noviembre la agencia calificadora de riesgos Fitch colocó la calificación de los papeles de PDVSA de C a RD, que significa incumplimiento restringido sobre los 200 millones de dólares en intereses que debía pagar en ese momento.
En el mercado bursátil todos los papeles de la DPN de Venezuela se transan al 8% de su valor nominal y los Bonos PDVSA al 4%. Los compradores norteamericanos, y otros compradores formales, no entran en ese mercado por las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Venezuela. Por esta razón son transados por casas de bolsa de Panamá y algunas en Londres. Además, para negociar estos títulos hay que llenar una considerable cantidad de formularios, lo cual los hace aún menos atractivo.
Estos títulos se negocian en el llamado Distress Market, es decir, el de bonos de empresas en proceso de bancarrota. Actualmente en este mercado se negocia al 20,2% del valor facial de los bonos, monto muy superior al de los títulos venezolanos, porque se prevé un costo superior de recuperación estimado al liquidar a la compañía. En muy posible que el gobierno venezolano esté comprando títulos a través de terceros. Otro tipo de comprador son los llamados “fondos buitres” que esperan a largo plazo para negociar con los gobiernos y así lograr importantes ganancias de acuerdo con el riesgo que corren.
En el caso de Venezuela, está Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, una firma de abogados que representa al Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo de inversionistas, en su mayoría institucionales, que poseen 10.000 millones de dólares de la deuda.
La reciente la decisión de la Asamblea Nacional legítima de concluir con el Gobierno Interino de Juan Guaidó, reconocido por un importante número de países, presenta para los inversionistas que poseen bonos un nuevo problema al no tener con quién negociar un acuerdo de suspensión del plazo de prescripción ante la falta de negociación de la deuda en default, ya que el gobierno de Maduro carece de reconocimiento y está sujeto a sanciones.
En octubre de este año se cumple el sexto aniversario del default. En consecuencia, los inversionistas se preparan para demandar en los tribunales estadounidenses antes de que expire el plazo de prescripción. Lo cual los privaría de su capacidad para hacer cumplir el pago de obligaciones.
De acuerdo con la fuente en finanzas Bloomberg, los inversionistas que poseen bonos del gobierno y de las empresas estatales estarían dispuestos a negociar un nuevo acuerdo de suspensión del plazo de prescripción.
El camino de la recuperación del crédito para Venezuela será largo. Primero, debemos tener un gobierno reconocido con quién se pueda negociar, puesto que el interinato de Guaidó concluyó y el de Maduro carece de legitimidad. Segundo, tendrán que cesar las sanciones norteamericanas para que pueda haber proveedores o demandantes de la deuda. Después hay que ir a negociaciones en el Club de Paris y el FMI, llegar a acuerdos, aprobarse por la Asamblea, e iniciar los primeros pagos. En fin, como ya dijimos, un largo camino. Lo cierto es que mientras no haya crédito interno y externo el país no podrá tener crecimiento sostenible.
Economista/ Historiador.
https://gerardolucas.wordpress.com/